En busca de nueva documentación, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La medida es a pedido del fiscal que lleva el caso, Gerardo Pollicita, y está orientada en recabar información fiscal de las propiedades del matrimonio en la provincia, como la vivienda que adquirieron en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, o el departamento que ambos tienen en venta en la ciudad de La Plata.
Previamente, ya se había levantado el secreto fiscal de ambos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pero en la agencia provincial la normativa es distinta y requiere un pedido especial. El objetivo es “reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera” de Adorni y su mujer.
La Justicia tiene en su radar cinco inmuebles a nombre del matrimonio. Además de investigar el origen del dinero utilizado para comprar las propiedades que Adorni sumó a su patrimonio siendo funcionario, el fiscal busca tener una foto lo más precisa posible de todos sus gastos, incluidos aquellos que mensualmente suponen estas cinco propiedades.
Según se desprende de la declaración de distintos testigos en la causa, las compras de dos de ellas – la casa en el country Indio Cua y el departamento en Caballito- fueron posibles gracias a que cuatro personas, en dos operaciones distintas, le facilitaron a Adorni un total de 300.000 dólares.
El juez Lijo también ordenó el levantamiento del secreto fiscal respecto de las mujeres que figuran en los papeles como prestamistas o acreedoras de Adorni. Son las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo y las policías Graciela Molina y Victoria María José Cancio.
