La empresa Álcalis de la Patagonia, única fabricante de carbonato de sodio en Argentina y América Latina, atraviesa una profunda crisis en el marco de la caída del consumo interno, la apertura de importaciones y el impacto de las medidas de ajuste y desregulación impulsadas por el Gobierno nacional. El escenario ya repercute en el empleo y en la cadena de pagos, mientras crece la preocupación por la continuidad de la actividad productiva.
De acuerdo con denuncias del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Patagonia, más de 30 trabajadores fuera de convenio fueron desvinculados, a los que se suman tres despidos de empleados convencionados.
El carbonato de sodio que produce ALPAT es considerado un insumo estratégico para distintas actividades industriales, entre ellas la fabricación de vidrio y parabrisas, sectores que también atraviesan una marcada caída de la actividad. En paralelo, el crecimiento de la industria del litio aparece como una alternativa para ampliar la demanda del producto, aunque los costos logísticos representan una dificultad para competir desde la Patagonia con los yacimientos ubicados en el norte del país.
La compañía emplea a alrededor de 420 trabajadores y enfrenta además un complejo escenario financiero. Según referentes sindicales, existen atrasos en los pagos a proveedores y contratistas, mientras que los salarios se abonan de manera fraccionada en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis que se encuentra vigente desde hace varios meses. A esto se suma la creciente competencia de productos importados tras la apertura comercial.
Según señalaron desde el gremio, producir una tonelada de carbonato de sodio en Argentina tiene un costo aproximado de 350 dólares, mientras que el producto importado desde China o India ingresa al mercado por valores cercanos a los 200 dólares por tonelada. En ese contexto, sostienen que la competencia resulta cada vez más difícil para la producción nacional.
Uno de los principales accionistas de la firma, el empresario Fabián De Souza, mantuvo hace dos meses reuniones con representantes gremiales y trabajadores para analizar la situación de la planta y la evolución del concurso preventivo de crisis, que permanece abierto desde 2025. El proceso tuvo uno de sus momentos más críticos a mediados del año pasado, cuando la empresa requirió asistencia financiera de la provincia de Río Negro mediante el programa “Sostenibilidad y Fomento del Empleo Rionegrino Hacer Río Negro”.
La conflictividad se profundizó el miércoles, cuando una prestadora de servicios decidió bloquear el acceso a la planta en reclamo de una deuda que superaría los siete millones de pesos. Se trata de Aldana, encargada de realizar tareas de transporte entre las Salinas de Gualicho y la planta industrial.
Más tarde, otros camioneros se sumaron a la medida, que coincidió con las protestas impulsadas por trabajadores despedidos recientemente y por exempleados desvinculados semanas atrás. Los manifestantes cuestionaron además las propuestas de indemnización realizadas por la empresa, al asegurar que contemplan el pago de solo el 50% de los montos correspondientes y en cuotas. Según denunciaron, algunos trabajadores deberían esperar hasta ocho meses para percibir parte de lo que les corresponde.
