La Fundación para el Desarrollo Humano Integral (DHI) presentó el informe “Mate mal cebado: desregulación de la yerba mate, una economía regional”, donde analiza el impacto de las reformas aplicadas sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). El trabajo sostiene que la desregulación profundizó la concentración económica, redujo los ingresos de productores y trabajadores, y debilitó las herramientas de intervención del organismo.
El estudio, elaborado por el equipo Rural y el capítulo Misiones de la fundación, señala que el proceso comenzó con el DNU 70/2023 y se profundizó mediante el Decreto 812/2025 y la Resolución 146/2025. En este sentido, advierte que el INYM perdió la capacidad de fijar precios de referencia y regular stocks.
“El 90% de los hogares argentinos consumen yerba mate, las ventas suben y los trabajadores no llegan ni a cubrir los costos de producción. Evidentemente la desregulación no generó más competencia ni mejores condiciones para producir. En un mercado altamente concentrado, significó trasladar ingresos desde los pequeños productores hacia los actores con mayor poder económico”, señaló el integrante del capítulo Misiones de la Fundación DHI y autor del informe, José Luis Fuentes.
La investigación afirma que la situación actual replica procesos registrados durante la década de 1990, cuando la caída de precios afectó a los pequeños productores. Asimismo, sostiene que el mercado opera bajo una estructura desigual, donde pocos compradores concentran el poder de negociación.
Precios en caída y pérdidas millonarias para el sector productivo
Según el relevamiento, el precio de la hoja verde descendió desde valores cercanos a $350-$400 por kilo, con reclamos de hasta $500 a fines de 2023, hasta ubicarse entre $80 y $90 para productores no integrados a cooperativas. Además, estima que durante el primer año de desregulación el sector productivo dejó de percibir alrededor de $200 mil millones.
El informe también describe una fuerte concentración en la cadena yerbatera. Existen cerca de 12.500 productores primarios, mientras que diez empresas reúnen el 76,8% del mercado industrial. Dentro de ese grupo, Liebig, Las Marías y La Cachuera concentran el 49,5% del volumen industrial.
En la etapa de comercialización, diez marcas controlan el 80% de la yerba molida consumida en Argentina. Además, cadenas de supermercados como Carrefour, CENCOSUD, Changomás, Coto y La Anónima dominan la llegada del producto a los hogares.
El impacto directo sobre productores y trabajadores rurales
Uno de los puntos más sensibles del trabajo aborda la realidad de los tareferos. La investigación estima que alrededor de 13 mil trabajadores y trabajadoras participan de la cosecha de hoja verde, en muchos casos bajo condiciones de informalidad o subregistro laboral.
A pesar de que la Resolución 276/2025 de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario fijó un valor cercano a $77-$78 por kilo, los relevamientos territoriales registraron pagos efectivos de apenas $40 por kilo. Además, el informe advierte sobre incumplimientos salariales y mecanismos informales de descuento que reducen aún más los ingresos.
“El tarefero es el termómetro de la desigualdad: cuando cae el precio al productor, el ajuste impacta de inmediato sobre su salario”, señala el informe.
En esta línea, la investigación alerta sobre el aumento de la migración laboral desde Misiones hacia Brasil. Localidades como Comandante Andresito registran la salida de jóvenes y trabajadores rurales en busca de oportunidades laborales.
El INYM sin herramientas de regulación clave
Según datos de la Receita Federal de Brasil citados en el documento, la cantidad de argentinos que tramitaron el CPF pasó de un promedio de ocho mil anuales entre 2016 y 2021 a cerca de 40 mil en 2025. Muchos de ellos encuentran empleo en cosechas frutícolas o en el sector de la construcción. “Esto es el ADN de La Libertad Avanza”, sintetizó el periodista Gastón Rodríguez en un artículo referenciado por el informe, al describir los efectos de la desregulación sobre el empleo rural.
Frente a este escenario, la Fundación DHI propone restituir las facultades del INYM para fijar precios y regular stocks. Además, plantea establecer un precio mínimo por tonelada cosechada, incorporar representantes tareferos al directorio del organismo, avanzar hacia un mercado consignatario con stock regulador y fortalecer las cooperativas y experiencias asociativas.
“Lo que está en discusión no es solamente una economía regional. También está en juego una forma de organización social, productiva y comunitaria profundamente arraigada en nuestro país. Por eso planteamos una salida alternativa, con propuestas concretas priorizando tanto a los productores y tareferos como también el desarrollo regional”, concluyó Verónica Bernava, integrante del capítulo Misiones de la Fundación DHI y coautora del informe.
