El abogado de las asociaciones yerbateras que exigen la restitución de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Federico Padolsky, señaló que las modificaciones realizadas por el Gobierno nacional a la Ley 25.564 tuvieron como único objetivo “garantizar la competitividad y productividad exclusivamente de la industria” en detrimento de los productores. En ese marco, planteó crear mecanismos regulatorios propios que garanticen un precio justo y la dinamización de la economía en beneficio de toda Misiones.
“El DNU 70/23 cambió de facto una ley sancionada legítimamente por el Congreso. De un plumazo borraron parte de la legislación que ha regido durante más de dos décadas la actividad y que la había llevado a altos estándares productivos y de calidad”, sostuvo en una entrevista en LT17 Radio Provincia de Misiones.
“Bajo ningún punto de vista se podía decir, quien analizaba los datos en la fecha que se emitió el DNU, que la yerba mate estuviera en crisis. Todo lo contrario, el organismo reguló la actividad yerbatera permitiendo rentabilidad para el productor primario y beneficios para la provincia de Misiones”, garantizó el letrado.
Acciones judiciales
Los productores y cooperativas de yerba mate formalizaron, en abril, dos presentaciones ante el Juzgado Federal de Posadas. La primera solicita que se “declare la inconstitucionalidad, nulidad absoluta e insanable e inaplicabilidad” de los artículos 164, 165, 166, 167 y 168 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023 (y acciones consecuentes) del Gobierno nacional, que “modifican sustancialmente el régimen institucional establecido por la Ley 25.564 de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate” (Inym).
La segunda es una medida cautelar que plantea la “inmediata suspensión de los efectos y de la aplicación” de esos artículos y acciones siguientes vinculadas, a fin de “evitar la profundización de los daños ya verificados sobre el sector productivo primario, la consolidación de un proceso de descapitalización económica y el deterioro de las capacidades del organismo yerbatero”.
“Hemos planteado que se tiene que volver atrás el decreto reglamentario y también con las decisiones que tomaron apenas asumió el presidente del Inym, Rodrigo Correa, todas en detrimento del sector productivo”, señaló. “También hemos solicitado, con la firma de diputados como Herrera Ahuad (Encuentro Misionero), un pedido de informes al Ejecutivo Nacional sobre cuáles fueron los estudios que sustentaron el capítulo yerbatero del DNU 70/23”, prosiguió.
Es que, explicó el abogado, con el capítulo yerbatero del DNU “ha quedado claro cómo el gran sector industrial consiguió, a través de una inusitada influencia en el Gobierno nacional, cambiar la naturaleza jurídica del Inym. Quitaron de la ley original las partes de protección y beneficio de la producción primaria, compuesta por la familia agraria, productores, tareferos y cooperativas. Todo eso fue eliminado y se transformó la ley de hecho”, detalló. La institución “pasó a estar solamente en beneficio de la industria: tiene por objeto garantizar la competitividad y productividad de la industria exclusivamente”, expresó.
Cuál es el modelo que beneficia a Misiones
En esa línea, Padolsky contó que “la situación de crisis desencadenada con la medida del Gobierno nacional nos enseñó que tenemos que pensar en herramientas que nos permitan protegernos ante estas situaciones, que nos permitan desarrollar el negocio yerbatero en y para beneficio de la población de Misiones, más allá de las políticas que se tomen a nivel nacional”.
Misiones, enfatizó, “concentra el 85 por ciento de la producción primaria de yerba mate”. Por eso, invitó: “Sería interesante que el sector yerbatero misionero en su conjunto —producción primaria, trabajadores y nuestros industriales— pensemos cuál es el modelo yerbatero que le sirve a la provincia”.
Los planteos ante la Justicia federal son impulsados por: Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Hugo Sand, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM); Salvador María Torres, presidente de la Cooperativa Río Paraná Limitada; Julio Alfredo Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte; Edgar Gustavo Hein, presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones Limitada, y Antonio Rodríguez Franza, presidente de la Asociación de Productores y Tareferos del Alto Uruguay.
