Las violencias digitales dejaron de ser un fenómeno aislado para convertirse en una preocupación cotidiana dentro de las escuelas. Frente a ese escenario, la diputada provincial de Encuentro Misionero, Aryhatne Bahr presentó un proyecto de ley para otorgar respaldo legal al Protocolo Provincial para la Prevención, Detección y Actuación ante Riesgos y Violencias Digitales en Entornos Educativos. Se trata de una herramienta que ya comenzó a implementarse mediante una resolución del Ministerio de Educación y que ahora busca transformarse en una política pública permanente.
La legisladora explicó que la iniciativa nació en una mesa interdisciplinaria convocada por el Ministerio de Educación durante el segundo semestre del año pasado. “Entendíamos que no había un solo actor que tuviera que hacer frente al avance de las violencias que hay hoy en día en los entornos digitales“, recordó Bahr, al señalar que el proyecto es el resultado de un trabajo conjunto entre distintos organismos del Estado y especialistas en la materia.
De esa mesa participaron representantes del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Prevención de Adicciones, la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo, el sistema de emergencias 911, la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, la Dirección de TIC del Ministerio de Educación y profesionales vinculados al estudio del cibercrimen.
“Fuimos planteando los distintos tipos de violencia y las recomendaciones que íbamos haciendo cada uno“, explicó la diputada, quien destacó que el documento final “es el resultado de muchas voluntades para ver cómo abordamos esta problemática”.
Una guía para prevenir, detectar y actuar
El protocolo contempla 26 tipos de violencias digitales y amplía el abordaje más allá de los delitos tradicionalmente conocidos. Además del grooming, la sextorsión o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, incorpora fenómenos que crecieron en los últimos años como la ludopatía online, los retos virales, el ciberbullying, las autolesiones promovidas a través de redes sociales y otras conductas que afectan la salud.
Bahr explicó que el contenido también se apoyó en estadísticas de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y en relevamientos realizados por la Defensoría del Pueblo sobre apuestas online entre estudiantes.
Otro de los principales ejes del proyecto es la creación de un sistema de clasificación de riesgos para orientar la respuesta de las instituciones educativas. “Para mí lo fundamental es que tiene un triage”, sostuvo Bahr. El protocolo diferencia situaciones de riesgo bajo, medio y alto, y establece cuándo corresponde una intervención pedagógica dentro de la escuela o cuándo es necesario activar la participación de la Justicia.
En los casos más graves, como aquellos que impliquen riesgo para la vida, autolesiones o delitos contra la integridad sexual, prevé la denuncia inmediata y la actuación coordinada de todas las áreas involucradas.
La propuesta también dedica un capítulo específico a la preservación de las pruebas digitales. “Las pruebas hoy en día son volátiles, se pueden modificar o eliminar muy fácil“, advirtió la legisladora. Por ese motivo, el protocolo explica a los docentes cómo conservar capturas de pantalla, conversaciones, publicaciones y demás evidencias para facilitar una eventual investigación judicial, además de establecer canales directos de comunicación con la Dirección de TIC, el 911 y la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos.
Una herramienta para que los docentes no enfrenten solos estas situaciones
Bahr remarcó que el objetivo del proyecto no es convertir a los docentes en especialistas en delitos informáticos, sino brindarles herramientas claras para actuar cuando detecten una situación de riesgo. “Lo que más me interesa es que nosotros le estamos dando una herramienta a los docentes para que no estén solos a la hora de enfrentar estos tipos de violencia“, afirmó.
En ese sentido, señaló que el protocolo detalla paso a paso cómo intervenir, dónde denunciar y con qué organismos articular cada caso, además de contemplar un cierre institucional para que quienes realizaron la intervención conozcan el resultado de las actuaciones.
La legisladora agregó que el protocolo también protege a los propios docentes, quienes muchas veces son víctimas de acoso o violencia en entornos digitales. “No esperamos que los docentes sean especialistas en ciberdelitos; mientras sepan que algo está mal y que existe un camino para denunciarlo, ya estamos dando un paso importante“, sostuvo.
Finalmente, consideró que la aprobación de la ley permitirá reforzar una estrategia de prevención a largo plazo. “Las violencias digitales existen, no van a dejar de existir y nosotros tenemos que saber cómo acompañamos estos cambios. Tenemos que proteger a los chicos, pero también acompañar a quienes todos los días están al frente de las aulas“, concluyó.
