El Gobierno nacional dispuso una nueva suba parcial de los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 562/2026 y estableció que durante julio solo regirá una parte del incremento previsto, mientras que el ajuste restante se aplicará desde el 1 de agosto.
Con esta medida, el Ejecutivo mantuvo la estrategia de escalonar las actualizaciones tributarias para reducir el impacto inmediato sobre los precios en los surtidores. Además, volvió a diferir una parte de los incrementos acumulados correspondientes a la Ley 23.966, que determina revisiones trimestrales según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Así es el esquema en la suba de combustibles
El decreto fijó aumentos parciales sobre los tributos que gravan la venta de combustibles. En el caso de las naftas, la actualización comprende un incremento de $21,192 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y de $1,298 en el impuesto al dióxido de carbono.
Para el gasoil, la normativa estableció un incremento de $18,959 por litro en el impuesto específico, $10,266 correspondientes al tratamiento diferencial y $2,161 por dióxido de carbono. En conjunto, la actualización representa una suba cercana a $22 por litro de nafta y de $31 por litro de gasoil.
El Ejecutivo explicó que la decisión busca evitar un traslado más brusco a los precios finales en un contexto donde el costo del transporte continúa como una variable determinante para la competitividad de las empresas y el funcionamiento de distintos sectores productivos.
La incidencia de esta medida resulta especialmente relevante en provincias como Misiones. Allí, gran parte de la actividad económica depende del transporte terrestre de largas distancias, por lo que cualquier modificación en el precio del gasoil repercute sobre la logística, la producción agropecuaria, la industria y el comercio.
Asimismo, el combustible representa uno de los principales costos transversales de la economía argentina. Su valor influye directamente sobre el transporte de cargas, la distribución de mercaderías y las exportaciones.
El cronograma oficial prevé completar la actualización de los remanentes acumulados durante 2024, los primeros dos trimestres de 2025 y parte de 2026 a partir del 1 de agosto. Sin embargo, el Gobierno podrá volver a modificar ese esquema, una práctica que ya repitió en los últimos meses para administrar el impacto de las subas sobre los precios.
