El documento que el sector de la producción de yerba mate entregó este mediodía al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestiona con dureza los supuestos beneficios de la desregulación implementada por el Gobierno nacional a través del DNU 70/2023.
Aquel decreto del presidente Javier Milei se presentó originalmente como una reforma para promover la competencia, mejorar la eficiencia del mercado, incrementar la producción, beneficiar al consumidor y eliminar las distorsiones estatales. Sin embargo, el escrito de los productores advierte taxativamente:
“La evidencia empírica demuestra que la política de desregulación no produjo un mercado más eficiente, sino una profunda transferencia de ingresos desde la producción primaria hacia otros eslabones de la cadena, sin que ello se tradujera en un beneficio equivalente para el consumidor”.
El informe, titulado “Evaluación de los efectos del DNU 70/23 sobre el funcionamiento del mercado yerbatero y propuestas para la reconstrucción de un marco competitivo”, fue consensuado por las asociaciones de productores. La presentación esta a cargo de Roberto Ferreyra (director por la Producción en el Inym), en el marco de una reunión que se desarrolla por estas horas en el Salón Fers de la Secretaría de Agricultura de la Nación, en Buenos Aires.
Evidencias a dos años y medio de la desregulación
Los productores señalan que transcurridos más de dos años desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023, los indicadores objetivos reflejan un escenario crítico, con caída drástica de la producción de hoja verde, retracción del consumo interno, derrumbe de los ingresos de la producción primaria y creciente concentración del poder económico.
El texto subraya que la experiencia acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 demuestra que la retirada del Estado no generó un mercado más libre, sino un esquema oligopólico donde las decisiones fundamentales pasaron a ser adoptadas por quienes concentran el mayor poder económico de la cadena.
La actualidad en números
El escrito está fundamentado con datos oficiales del propio Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym):
- El valor pagado por el kilogramo de hoja verde a los productores ronda los $200. Esta cifra no solo es insuficiente para cubrir los costos técnicos de producción, sino que compromete la supervivencia de miles de explotaciones familiares.
- Derrumbe de la cosecha: Durante el período enero-abril de 2024 ingresaron a los secaderos 268.297.370 kilos de hoja verde. En el mismo lapso de 2026, la cifra se desplomó a 151.910.206 kilos; una caída superior al 40%.
- Consumo en mínimos históricos: Las ventas en el mercado doméstico mantienen una tendencia descendente, registrando en los primeros meses de 2026 los niveles más bajos de los últimos años.
También evidencia que no se cumple la anunciada competencia entre los actores de la cadena y un nuevo equilibrio entre la oferta y la demanda. Tras la desregulación, “la concentración económica permaneció inalterada e incluso se fortaleció por la desaparición de los mecanismos institucionales de equilibrio”, observan en el documento. El precio de la hoja verde “pasó a ser determinado, en los hechos, por el reducido grupo de compradores que concentra la demanda”.
Más poder económico a grandes empresas
Los actores que concentran el poder de compra de la materia prima de yerba mate son, al mismo tiempo, quienes participan de manera decisiva en la industrialización, el fraccionamiento, la comercialización y la venta del producto elaborado al consumidor.
En ese sentido, el escrito revela que el principal efecto económico del DNU N.º 70/2023 “no fue la generación de un mercado más competitivo: la experiencia acumulada durante estos años demuestra que, en mercados caracterizados por fuertes asimetrías estructurales e integración vertical, la simple eliminación de las ‘reglas públicas’ no produce necesariamente mayor competencia, sino que consolida y profundiza las posiciones dominantes preexistentes, reafirmando su tendencia monopólica”.
Es decir, expresa el documento, el DNU 70/23 “produjo un desplazamiento de la soberanía regulatoria desde el Estado hacia los actores económicamente dominantes y, debido a la particular estructura integrada de la cadena yerbatera, ese desplazamiento fortaleció simultáneamente su capacidad de influir tanto en el precio de compra de la materia prima como en la formación del precio del producto elaborado, permitiéndoles capturar una porción creciente de la renta generada por toda la actividad”.
Devolución de facultades, precio y fiscalización
Con los datos en mano y tras un análisis económico y jurídico, los productores plantean que la crisis que hoy atraviesa la producción primaria es “consecuencia de una decisión institucional que alteró el funcionamiento del mercado y desmanteló el Inym, las herramientas que durante más de veinte años permitieron equilibrar, aunque fuera parcialmente, las profundas asimetrías propias de la actividad”. Por esa razón, proponen, “las soluciones también deben ser institucionales”.
En ese marco, exigen la “restitución inmediata del régimen legal establecido por la Ley N.º 25.564” y “la adopción inmediata de medidas transitorias para la protección de la producción primaria”, como un “precio sostén obligatorio para la hoja verde y la yerba mate canchada”. La “concertación entre los distintos eslabones de la cadena debe recuperar centralidad como mecanismo institucional de resolución de conflictos” y se debe “restablecer la plena capacidad operativa del sistema de fiscalización del Inym” para garantizar la “calidad, inocuidad, trazabilidad y legalidad de la producción yerbatera”.
Reunión
Además de Ferreyra, de la reunión con Sturzenegger participan el presidente del INYM, Rodrigo Correa; Carlos Luis Czajkowski, del sector Cooperativas; Ricardo Maciel, por la provincia de Misiones; Carmelo Rojas, de Trabajadores Rurales; Luis Konopacki, por Secaderos y Rubén Henrikson, por Industria. También el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.
