l Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables mantuvo este martes una reunión con representantes del sector maderero para abordar las inquietudes sobre el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), reglamentado recientemente. Como resultado del encuentro, las partes acordaron la conformación de una mesa técnica-jurídica, prevista para las próximas semanas, con el objetivo de analizar los planteos presentados y profundizar los aspectos vinculados a la implementación del sistema.
Por el Ministerio participaron el ministro de Ecología, Martín Recamán; el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo; el director general de Bosques Nativos, Milton Morán; la directora general de Asuntos Jurídicos, Antonella Bortolotti; y el coordinador del Programa de Créditos de Carbono, Augusto Abdulhadi.
En representación de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAyADAP) estuvieron presentes el diputado provincial Miguel Núñez (PRO) y el abogado Fernando Acosta.
Los planteos del sector maderero
Durante el encuentro, los representantes del sector expusieron cuestionamientos vinculados al alcance de la Resolución Nº 182/26. Los planteos se centraron en las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia, las facultades para su dictado y la interpretación de algunos aspectos de la reglamentación. Frente a estos señalamientos, las autoridades del Ministerio ofrecieron precisiones sobre el funcionamiento del registro y acordaron la apertura de una instancia de trabajo técnico para el análisis de cada uno de los puntos presentados.
Desde el Ministerio se explicó que el RePIA no crea nuevas infracciones ni modifica el régimen sancionatorio vigente. Se trata de una herramienta administrativa que centraliza en una única plataforma digital la información sobre sanciones ambientales firmes, con el propósito de agilizar los trámites, fortalecer la transparencia y brindar mayor previsibilidad a quienes realizan gestiones ante el organismo.
Alcances del RePIA
En el encuentro se aclaró que el registro no incorpora denuncias, actuaciones preliminares ni expedientes en trámite. La inscripción se concreta únicamente cuando existe una sanción administrativa firme, una vez que finaliza el procedimiento correspondiente y se garantiza el derecho de defensa.
También se informó que el sistema alcanza a personas físicas y jurídicas sancionadas por infracciones ambientales, sin distinción de la actividad que desarrollen. Sus efectos administrativos se limitan exclusivamente a autorizaciones, programas, beneficios y trámites que gestiona el Ministerio de Ecología. El registro contempla, además, mecanismos de regularización: una vez cumplidas las sanciones y las medidas de remediación correspondientes, cesan los efectos administrativos de la inscripción, mientras que el antecedente se conserva únicamente para el seguimiento de eventuales reincidencias previstas por la normativa.
La mesa técnico-jurídica prevista para las próximas semanas dará continuidad al trabajo iniciado en este encuentro y consolidará un espacio de diálogo entre el Ministerio de Ecología y el sector maderero. El objetivo es el acompañamiento de la implementación de una herramienta orientada a agilizar los trámites ambientales, fortalecer la transparencia, brindar mayor previsibilidad a los administrados y consolidar una gestión pública más eficiente.
