A principios del mes de abril, productores y cooperativas de yerba mate de Misiones pidieron a la Justicia Federal de Posadas que declare la inconstitucionalidad de los cinco artículos del DNU 70/2023 que desregularon la actividad, provocando una crisis socioeconómica sin precedentes.
En respuesta, el juzgado capitalino se declaró incompetente territorialmente y ordenó remitir la causa a los juzgados federales de Oberá y Puerto Iguazú, bajo el argumento de que los domicilios de las entidades demandantes están fuera de su jurisdicción. Si bien la Cámara de Apelaciones ratificó recientemente la competencia de estos dos juzgados, la defensa anticipó que apelará el fallo para exigir la unificación de la causa, tal como se planteó originalmente.
El planteo de productores y cooperativas
El 10 de abril, los dirigentes yerbateros formalizaron su presentación ante el Juzgado Federal de Posadas. En un documento de 134 páginas, exigieron que se declare la “inconstitucionalidad, nulidad absoluta e insanable e inaplicabilidad” de los artículos 164 al 168 del DNU 70/2023, los cuales suprimieron facultades clave del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), entre ellas, la fijación del precio mínimo de la materia prima.
La demanda fue respaldada por los referentes del sector como el titular de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, Jorge Skripczuk; el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, Hugo Sand; el líder de la Cooperativa Río Paraná Limitada, Salvador María Torres; el presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, Julio Alfredo Petterson; el presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones Limitada, Edgar Gustavo Hein; y el presidente de la Asociación de Productores y Tareferos del Alto Uruguay, Antonio Rodríguez Franza.
El escrito evidencia que el Poder Ejecutivo nacional utilizó un Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar una ley del Congreso sin que mediaran las circunstancias excepcionales que lo justificaran. Al respecto, el abogado patrocinante, Federico Padolsky, explicó que la medida generó “un cambio de naturaleza jurídica en la institución, que pasó de ser un órgano de concertación entre los distintos actores del sector a un simple apéndice de la industria”.
Resolución judicial y dispersión de la causa
Tras rechazar la competencia de Posadas, la Cámara de Apelaciones resolvió fragmentar el expediente según el domicilio de los amparistas. De este modo, la demanda de Petterson se tramitará en el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, mientras que las presentaciones de Skripczuk, Hein, Franza, Sand y Torres fueron derivadas al Juzgado Federal de Oberá.
Rechazo de la fragmentación
Frente a este escenario, los productores y las cooperativas insistirán en unificar el reclamo.
“Consideramos que no corresponde que esta causa sea tratada de forma fragmentada”, expresó Padolsky en declaraciones a canal12misiones.com. “Solicitaremos a la Justicia su unificación por razones de economía procesal, para unificar criterios y, fundamentalmente, para evitar el riesgo de que se dicten sentencias o resoluciones contradictorias”, argumentó el letrado.
Medida cautelar sin resolución
Junto con el reclamo de fondo, los yerbateros habían solicitado una medida cautelar urgente para suspender de inmediato los efectos del DNU 70/2023 y del Decreto 812/2025 hasta que se dicte una sentencia definitiva. Sin embargo, al declararse incompetente, el Juzgado Federal de Posadas evitó pronunciarse sobre este pedido, dejando la protección del sector en un limbo legal temporal.
