La investigación por la compra de una mansión en Pilar valuada en 20 millones de dólares vuelve a moverse este lunes 3 de agosto tras la feria judicial. El expediente apunta a que la propiedad, junto con 54 autos de lujo, pistas ecuestres y un helipuerto, habría sido adquirida mediante presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La causa ingresa en una etapa clave, marcada por disputas de competencia y expectativas sobre la jueza Verónica Straccia, quien conduce el Juzgado Penal Económico N.º 10 hasta noviembre.
La firma Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte, aparece como titular del predio. Ambos son señalados por los denunciantes como posibles testaferros, ya que sus perfiles patrimoniales no se condicen con la magnitud de la operación. Hasta ahora, ninguno fue citado a indagatoria.
Autos, caballos y helipuerto bajo sospecha
La investigación detectó que la sociedad cambió su nombre el 16 de mayo de 2024, elevó su capital de 300 mil pesos a 58 millones y apenas dos semanas después concretó la compra del predio. Entre los elementos incorporados figura además una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano, utilizada para gastos vinculados con la flota de vehículos hallada en el lugar.
En los tribunales destacan el perfil técnico y honesto de Verónica Straccia, aunque persisten dudas sobre su continuidad en el caso. La Cámara Federal de Casación Penal aceptó un recurso en queja de los acusados y convocó a una audiencia el 12 de agosto para revisar lo actuado y definir qué tribunal debe seguir con la investigación.
Mientras tanto, Straccia debería retomar las medidas pendientes. Su subrogancia en el juzgado culmina a mediados de noviembre, lo que agrega incertidumbre sobre el futuro del expediente.
El caso ya pasó por los despachos de Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky y González Charvay, en medio de planteos de competencia y resoluciones contradictorias. La Cámara en lo Penal Económico había ratificado que debía quedar en manos de Straccia, pero el nuevo recurso reabrió la discusión.
Los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos Barroetaveña deberán decidir si confirman la radicación actual o si devuelven el expediente a Campana, donde Charvay fue cuestionado por los denunciantes.
La audiencia del 12 de agosto será decisiva para definir el rumbo procesal. Hasta entonces, la investigación seguirá enfocada en esclarecer cómo se financió la compra de la mansión y si existió un entramado de testaferros vinculados a la AFA.
