La Cámara del Tabaco de Misiones envió cartas documento a las firmas Espert S.A. y Cigarrillos y Tabacos S.A., a través de las cuales se otorga un plazo perentorio de 72 horas para que ambas compañías regularicen el ingreso de los importes adeudados correspondientes al Fondo Especial del Tabaco (FET), regulado por la Ley Nacional Nº 19.800.
El FET es un recurso clave para Misiones porque sostiene el ingreso directo de 12 mil productores, dinamiza la economía de los municipios y financia obras sociales, salud y programas de diversificación productiva en las chacras. De ahí la importancia del reclamo realizado por la Cámara del Tabaco de Misiones.
Marco legal
Según el documento legal, la auditoría de antecedentes realizada por la Cámara del Tabaco de Misiones refleja que las empresas habrían “omitido ingresar total o parcialmente” los recursos correspondientes ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Dicho de otro modo, las firmas estarían reteniendo de forma ilegal los fondos de “afectación específica”, cuyo depósito en las arcas públicas tiene carácter obligatorio para el sostenimiento de la actividad tabacalera.
“Los productores tabacaleros sufren un perjuicio grave, concreto y directo por la falta de cumplimiento en tiempo y forma con el depósito de estos recursos”, se lee en el escrito enviado a las empresas.
Para sostener jurídicamente el reclamo, la conducción de la Cámara misionera invocó los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal que ya ha ratificado la constitucionalidad del régimen fiscal y legal aplicable al sector tabacalero, despejando dudas sobre la legitimidad de las cargas tributarias destinadas al FET.
El reclamo
La entidad misionera, presidida por Gustavo Piñeiro, exige a Espert S.A., con sede en Berazategui, provincia de Buenos Aires, y a Cigarrillos y Tabacos S.A., con domicilio en San Salvador de Jujuy, el pago inmediato de lo mencionado, más los intereses compensatorios, punitorios y accesorios que fije la ley.
La Cámara informó que, de no verificarse el pago en el plazo estipulado, dará intervención directa a las autoridades nacionales para que procedan al cobro coactivo.
También se advirtió que queda abierta la posibilidad de iniciar las acciones administrativas y penales correspondientes contra los directivos de las firmas involucradas.
