La 17° sesión del Consejo Consultivo del Sistema Provincial de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro reunió a representantes de los tres poderes del Estado y de las fuerzas de seguridad en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes. El eje central fue la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil en septiembre, un cambio que marcará un antes y un después en la justicia misionera.
La presidenta de la Comisión de Buenas Prácticas, Constanza Yudar, destacó la continuidad de este espacio que se reúne dos veces al año desde su creación. “Lo estamos llevando desde el primer año de la Comisión”, señaló, subrayando la importancia de este ámbito de contralor.
El encuentro puso el foco en la adecuación del sistema judicial frente a la nueva normativa. Yudar explicó que desde hace meses se trabaja en mesas temáticas con el Poder Judicial para definir cómo quedará organizado el esquema a partir de septiembre. “Como nosotros somos justo un organismo de contralor, justamente eso es lo que vamos a charlar. Cómo va a quedar todo el sistema”, indicó.
Herramientas previas y apoyo multidisciplinario
La presidenta valoró que Misiones ya cuenta con los Equipos Multidisciplinarios de Apoyo (Cemoas), que permitirán abordar de manera integral los desafíos que plantea la implementación. “Por suerte Misiones ya se adelantó con esto, con los Cemoas, pero es muy importante saber cómo vamos a trabajar a partir de septiembre que ya se implementa esta nueva ley”, expresó.
La jornada también contó con la presencia del ministro del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Poujade, junto a representantes de organismos estatales y fuerzas de seguridad. Yudar resaltó la articulación sostenida entre instituciones: “Nosotros venimos trabajando hace mucho con las fuerzas de seguridad como con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo”.
La implementación del régimen penal juvenil abre una etapa de transformación institucional en Misiones. El trabajo conjunto entre poderes, fuerzas de seguridad y organismos de contralor será clave para garantizar que la nueva normativa se traduzca en un sistema más eficiente y justo.
