Luego de que la Policía de Misiones confirmó que el supuesto intento de secuestro de una adolescente de 15 años en Posadas nunca existió, desde la fuerza concientizaron sobre el impacto y la conmoción social que generan las falsas alarmas.Además, remarcaron la importante cantidad de recursos públicos que demandó la investigación.
En declaraciones a Canal Doce, la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones detalló el minucioso trabajo tecnológico que permitió desbaratar la versión inicial que hablaba de un automóvil, dos hombres y un forcejeo a la salida de una clase de patinaje en las inmediaciones de las avenidas Brown y Lavalle de Posadas.
“Ustedes no se imaginan ni dimensionan el movimiento que se generó dentro de lo policial, la búsqueda de cámaras, molestar a los vecinos de la cuadra para lograr establecer lo que había sucedido. Fue todo una mentira y un gasto de recursos enorme”, remarcaron desde el área de peritajes al analizar el despliegue operativo.
Investigación de posible rapto en Posadas: cámaras y autolesiones
El trabajo de la división especializada consistió en un seguimiento cuadro por cuadro del trayecto realizado por la menor. Ese análisis minucioso no solo descartó la presencia del vehículo o de terceras personas en el lugar, sino que además aportó una prueba clave respecto a su estado físico.
Según confirmaron fuentes de la investigación, los registros fílmicos mostraron “con mucha nitidez” el instante exacto en que la propia adolescente se provocó las escoriaciones visibles que presentaba en uno de sus brazos, las cuales luego derivaron en la alarma de los adultos y la posterior intervención policial.
Abordaje e implicancias legales
Tras confirmarse la falsedad del hecho ante las evidencias exhibidas a los padres —lo que llevó a que la propia joven confesara lo sucedido—, la Policía dio intervención inmediata al Gabinete Interdisciplinario de Psicólogos para brindar contención a la menor y a su entorno familiar.
Paralelamente, desde la cúpula policial hicieron hincapié en la gravedad institucional de inventar un hecho de este calibre. En ese sentido, recordaron que la legislación vigente bajo el Código Civil y Comercial de la Nación contempla la responsabilidad de los padres sobre los actos de sus hijos, al tiempo que remarcaron la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil ante actos ilícitos o alertas infundadas que movilicen a las fuerzas de seguridad.
