Desde el sábado 5 de septiembre rige en Argentina el nuevo régimen penal juvenil, que establece la responsabilidad penal desde los 14 años. En Misiones, el Poder Judicial, el Ministerio Público y organismos de los tres poderes del Estado elaboraron un protocolo de actuación para atender los casos bajo las nuevas disposiciones.
La fiscal correccional y de menores N.º 1 de Posadas, María Laura Álvarez, explicó en diálogo con LT 17 Radio Provincia de Misiones que el nuevo esquema no se limita a la sanción. La norma establece una finalidad educativa, de resocialización e integración, con medidas alternativas a la privación de la libertad como primera respuesta ante determinados delitos.
Un cambio en la edad de responsabilidad penal
Álvarez señaló que, con la entrada en vigencia del nuevo régimen, los adolescentes de 14 a 18 años pasan a ser penalmente responsables, de acuerdo con las condiciones que establece la nueva normativa.
“Desde el Poder Judicial, el Ministerio Público y los organismos de los tres poderes se vino trabajando con distintas áreas, se hicieron mesas de trabajo y se elaboró un protocolo que fue aprobado la semana pasada para abordar los casos”, remarcó.
La funcionaria aclaró que algunas figuras previstas por la ley, como el supervisor con formación pedagógica y el abogado del niño, requieren procesos de designación. Hasta que esas estructuras queden formalizadas, los organismos trabajarán con los recursos disponibles. El abordaje, según explicó, requerirá la participación de Educación, Salud, Trabajo, Desarrollo Social y los municipios, además de los organismos judiciales.
La sanción como parte de un proceso educativo
Uno de los aspectos que Álvarez destacó durante la entrevista es que el nuevo régimen contempla una respuesta progresiva frente a los delitos cometidos por adolescentes. Entre las medidas previstas aparecen llamados de atención, prohibiciones de acercamiento o contacto, restricciones para concurrir a determinados lugares, prohibición de salida del país, servicios a la comunidad y monitoreo electrónico.
La fiscal remarcó que la privación de la libertad debe quedar como una medida excepcional y que el objetivo central es que el adolescente asuma la responsabilidad por sus actos y pueda modificar las condiciones que favorecieron su ingreso al delito.
“La finalidad del régimen es que el adolescente entienda el sentido de responsabilidad de sus actos y lograr su educación, resocialización e integración”, aseguró.
En ese proceso, la continuidad educativa ocupa un lugar central. También se contempla el acceso a capacitación laboral y la atención de problemas que puedan afectar la conducta. “Si tiene adicciones, que se trate, que aprenda un oficio, que termine —porque eso se le va a obligar— un ciclo primario o secundario, que aprenda un oficio y que vuelva a insertarse”, afirmó.
Álvarez sostuvo que el objetivo requiere un seguimiento que exceda a los tribunales y fiscalías. La situación familiar, la trayectoria escolar, el consumo problemático y las condiciones sociales forman parte del análisis de cada caso.
En Posadas, los menores representan cerca del 10% de las causas
La fiscal aportó además un dato sobre el volumen de expedientes que recibe la Fiscalía Correccional y de Menores N.º 1 de Posadas. De unas 600 causas por año, alrededor del 10% corresponde a menores. “Por ejemplo, 600 causas que ingresan en el año, solamente el 10% es menores. Es poco lo que hay de menores, es una realidad también”, sostuvo.
Según detalló, entre las causas más frecuentes aparecen los delitos contra la propiedad, como hurtos y robos, además de los abusos sexuales. También mencionó situaciones vinculadas con el uso de imágenes de contenido sexual y otras conductas que pueden configurar delitos. La fiscal diferenció este panorama de situaciones más graves que se registran en otras jurisdicciones del país.
En cuanto a la situación de alojamiento, precisó que actualmente los juzgados correccionales tienen cinco menores alojados en la Unidad Penal N.º 4, mientras que una menor se encuentra en la Unidad Penal N.º 5 por una causa de homicidio bajo otra jurisdicción judicial. Además, explicó que el Centro Modelo de Asistencia y Tratamiento de Adolescentes (CMOA) dispone de 10 camas, una capacidad que también debe considerarse ante la aplicación del nuevo régimen.
Familia, Estado y Justicia: el desafío del seguimiento
Para Álvarez, uno de los principales cambios estará en el seguimiento de los adolescentes que atraviesen una causa penal. La fiscal señaló que detrás de muchos casos aparecen problemas familiares y sociales que requieren intervención de otros organismos. “Porque detrás de un menor que delinque hay falta de control parental, generalmente de hogares disgregados, y ahí vamos a trabajar en forma conjunta con la familia”.
También señaló que existen casos de adolescentes que presentan consumo problemático desde edades tempranas y que, ante situaciones de riesgo, puede intervenir la Justicia de Familia junto con otros organismos de protección. “Vamos a trabajar todo en forma conjunta con ese menor para ese seguimiento”, afirmó.
En ese sentido, Álvarez definió como el principal desafío la coordinación entre las distintas áreas estatales y la comunidad. “Trabajar en forma conjunta es el mayor desafío que vamos a tener”.
Y agregó: “Esto no es responsabilidad de jueces y fiscales, esto es responsabilidad del Estado. Nosotros somos operadores judiciales, pero esto es responsabilidad del Estado. Todos tenemos que trabajar en forma conjunta para sacar a ese menor del delito y que se reencause su vida”.
La aplicación del nuevo régimen también alcanza a las fuerzas de seguridad. La fiscal confirmó que hubo capacitaciones con los responsables de las 15 unidades regionales de la Policía de Misiones. Entre las pautas señaladas figura el trato diferenciado para adolescentes en conflicto con la ley: no deben ser esposados y deben permanecer separados de las personas adultas. “Los menores no pueden ir esposados, tienen que estar separados de los adultos”, indicó.
Álvarez consideró que la puesta en marcha del régimen demandará una adaptación progresiva de las instituciones. Después de varias décadas con una normativa anterior, el sistema judicial y los organismos estatales deberán aplicar nuevas reglas y, al mismo tiempo, garantizar las medidas educativas, familiares y sociales que la legislación contempla para los adolescentes.
