El diputado nacional por Misiones y presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, presentó un proyecto en el Congreso nacional para abordar la crisis financiera de los hogares. La propuesta busca crear un mecanismo de refinanciación de deudas que afecta los recursos de los trabajadores y jubilados argentinos.
Los diputados Alberto Arrúa, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Bernardo Biella acompañan esta iniciativa de ley. El planteo central sostiene que el sobreendeudamiento constituye una problemática pública que requiere una intervención estatal directa.
Los fundamentos del texto advierten que cuando las cuotas consumen una proporción desmedida del ingreso, la deuda comienza a competir directamente con los recursos destinados a alimentación, vivienda, servicios, educación y salud. Esta situación compromete la vida cotidiana de millones de personas en todo el país.
El proyecto aclara que la intervención estatal no elimina las obligaciones contraídas. La meta final apunta a generar condiciones para que las familias puedan pagarlas sin comprometer su subsistencia.
Consolidación de deudas en una cuota única
La herramienta central del plan autoriza la unificación de diversos compromisos financieros en una sola operación. La medida abarca préstamos personales, saldos de tarjetas de crédito y deudas con financieras, mutuales y cooperativas.
El Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal establece una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35%. La norma contempla un plazo mínimo de devolución de 24 meses junto con el pago de cuotas fijas.
El esquema elimina los gastos administrativos, las comisiones de otorgamiento y los cargos de intermediación. A su vez, autoriza la cancelación anticipada sin penalidades y prohíbe la capitalización de intereses moratorios y punitorios.
El beneficio alcanza a personas con ingresos de hasta diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Estas obligaciones financieras deben representar al menos el 30% de los ingresos netos individuales o del grupo familiar.
Protección del salario y de los haberes jubilatorios
El proyecto incluye mecanismos de protección para los trabajadores y jubilados con créditos descontados de sus recibos de sueldo. La norma habilita la sustitución de los actuales códigos de descuento por nuevas operaciones de menor carga financiera.
La iniciativa fija un criterio de resguardo sobre las remuneraciones de los beneficiarios. Ninguna refinanciación podrá comprometer los ingresos indispensables para atender las necesidades esenciales del trabajador, jubilado o pensionado y de su familia.
El trámite formal de ingreso al programa activa la suspensión de las ejecuciones judiciales vinculadas a las deudas por 90 días hábiles. La medida frena nuevos embargos o cautelares sobre cuentas sueldo, prestaciones sociales y haberes jubilatorios.
Un contexto de morosidad creciente en los hogares argentinos
Los fundamentos del proyecto fundamentan la necesidad de esta ley con estadísticas sobre el deterioro económico. La morosidad en las financiaciones a las familias aumentó del 10,6% en enero de 2026 al 12,8% en mayo.
Determinados segmentos del crédito orientado al consumo registran indicadores aún más preocupantes. Frente a este panorama, el debate central pasa por definir la disponibilidad real de dinero en el hogar tras el pago de compromisos financieros.
El programa prohíbe el uso de estos fondos para la apertura de nuevos ciclos de consumo. Las partidas asignadas tienen como destino exclusivo la cancelación, refinanciación o sustitución de deudas previas. Las cancelaciones pueden realizarse mediante transferencias directas hacia los acreedores correspondientes. Esta modalidad garantiza la transparencia y el ordenamiento del proceso de desendeudamiento.
Adhesión de entidades financieras y beneficios fiscales
El Banco Nación recibe una invitación prioritaria para formar parte de este programa nacional. Los bancos públicos, privados, mutuales, cooperativas, compañías financieras y proveedores no bancarios pueden adherir bajo las reglas de la ley.
El proyecto otorga exenciones del Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses y cargos de las operaciones. La transparencia del Costo Financiero Total exige informar al beneficiario el monto final exacto antes de asumir el compromiso.
La bancada de Argentina Federal busca trasladar esta problemática a la agenda parlamentaria nacional. La propuesta atiende a familias con empleo e ingresos que sufren la absorción de sus recursos antes de cubrir necesidades básicas.
El texto redactado por Herrera Ahuad promueve la recuperación del crédito como una herramienta de apoyo social. La legislación evita de este modo que el endeudamiento se transforme en un factor que ponga en riesgo la subsistencia familiar.
