El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional al Congreso plantea eliminar los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. La modificación permitiría que los aranceles sean definidos según cada financiador o jurisdicción y podría profundizar las dificultades de acceso a prestaciones en provincias como Misiones.
El cambio está incluido en el artículo 39 del proyecto de Presupuesto. Allí, el Poder Ejecutivo propone modificar el artículo 7° bis de la Ley 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
La iniciativa elimina los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas. Se trata del esquema que establece un arancel de referencia a nivel nacional y que deben contemplar el Estado, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, PAMI e Incluir Salud para financiar servicios como transporte especial, acompañamiento terapéutico, centros de día, apoyo escolar y rehabilitación.
En su lugar, el proyecto sostiene que la “universalidad” de las prestaciones no supone una “homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las jurisdicciones”. El objetivo declarado es establecer solamente un “piso mínimo prestacional común”.
Cuando el obligado a financiar sea el Estado nacional, los valores serán determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad. Si esa actualización no se realiza dentro del plazo previsto, los aranceles quedarán sujetos a lo que establezca el Ministerio de Salud, tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El riesgo de una negociación desigual
La modificación ya había sido incluida en un proyecto denominado “Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez“, que no avanzó en el Congreso. Ahora, la propuesta reaparece dentro del proyecto de Presupuesto 2027.
Desde organizaciones, prestadores y especialistas del sector se advierte que eliminar el arancel nacional de referencia trasladaría la discusión de los valores directamente a cada obra social, prepaga o financiador y los prestadores.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la diferencia de poder de negociación entre ambas partes. Sin un valor de referencia común, los prestadores podrían quedar sujetos a las condiciones económicas que establezcan los financiadores.
El planteo también alcanza a la calidad de las prestaciones. Los prestadores sostienen que una reducción de los valores puede dificultar la continuidad de determinados servicios y generar una menor disponibilidad de profesionales y establecimientos especializados.
En discapacidad, además, muchas prestaciones e insumos requieren adaptaciones específicas. Una silla de ruedas, un tratamiento de rehabilitación o una terapia determinada no pueden ser reemplazados simplemente por una alternativa más económica. Por eso, las organizaciones advierten que una mayor desregulación puede terminar afectando el acceso efectivo a los tratamientos.
La organización Discapacidad en Alerta Máxima resumió su cuestionamiento al señalar que “desregular el nomenclador significa convertir derechos fundamentales en mercancías”. Según su planteo, el riesgo es que las diferencias económicas terminen condicionando el acceso a tratamientos.
Por qué Misiones queda particularmente expuesta
El impacto de la modificación podría ser especialmente relevante para Misiones y otras provincias del NEA. El sistema actual contempla un adicional del 20% sobre el arancel básico por “zona desfavorable”, pero ese reconocimiento alcanza exclusivamente a las provincias de la región patagónica.
Misiones, en cambio, no cuenta con una compensación equivalente. Esto ocurre pese a las distancias que deben afrontar muchas familias para acceder a tratamientos especializados y a la menor disponibilidad de determinados profesionales y prestadores en comparación con los grandes centros urbanos.
Ese escenario puede adquirir mayor relevancia si deja de existir un valor nacional obligatorio. Una provincia que ya enfrenta mayores dificultades de acceso y no recibe el adicional contemplado para la Patagonia podría quedar en una posición más débil al momento de definir los valores de las prestaciones.
Una de las consecuencias posibles es una reducción de la cantidad de prestadores dispuestos a trabajar por los aranceles que finalmente se establezcan. Para las familias misioneras, eso podría traducirse en menos alternativas disponibles y mayores dificultades para sostener tratamientos.
A la vez, una menor oferta privada podría incrementar la demanda sobre el sistema público provincial. Ese eventual traslado de prestaciones se produciría en un contexto económico en el que las provincias enfrentan mayores restricciones fiscales y una menor disponibilidad de recursos para absorber nuevas demandas.
Una reforma sobre un sistema que ya arrastra dificultades
La propuesta nacional también se incorpora a un sistema que desde hace años enfrenta problemas de financiamiento. Desde el sector se señalan demoras en los pagos de las obras sociales que, en algunos casos, superan los 180 días.
Además, los prestadores sostienen que el nomenclador atravesó un extenso período de actualización insuficiente. Durante casi dos años, los valores quedaron prácticamente congelados y, aunque hubo actualizaciones parciales durante 2025 y 2026, las organizaciones afirman que no alcanzaron para recuperar completamente el atraso acumulado frente al incremento de los costos operativos.
En ese contexto, el proyecto de Presupuesto 2027 no plantea la modificación sobre un sistema sin dificultades. Por el contrario, propone retirar el principal mecanismo de referencia común sobre los aranceles de las prestaciones.
Para Misiones, el escenario suma una particularidad. La provincia ya queda fuera del adicional por zona desfavorable que recibe la Patagonia y enfrenta, además, mayores distancias y una oferta más limitada para determinadas prestaciones especializadas.
Por eso, el debate sobre el artículo 39 no se limita a la forma en que se definirán los aranceles. También pone en discusión cómo se garantizará el acceso efectivo a las prestaciones de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional y qué consecuencias tendrá el nuevo esquema para las provincias con menor disponibilidad de prestadores.
