La Universidad Nacional de Misiones (UNaM) atraviesa la discusión presupuestaria con una preocupación concreta: los recursos previstos para 2027 prácticamente repiten, en términos nominales, el monto que el sistema universitario había considerado necesario para comenzar 2026. Sin embargo, durante este año aumentaron los costos y también se profundizaron las necesidades de las casas de estudio.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado para el Presupuesto 2026 un mínimo de $7,32 billones. Para el próximo año, el proyecto elevado por el Gobierno nacional contempla alrededor de $7,35 billones. En paralelo, el CIN calcula actualmente que el sistema necesitará unos $11 billones para sostener su funcionamiento durante 2027.
Así lo explicó Horacio Simes, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM, durante una entrevista con FM Santa María de las Misiones. Según planteó, la diferencia entre lo previsto y lo requerido deja a las universidades ante un escenario todavía más restrictivo, luego de un año en el que ya debieron reducir distintas prestaciones.
“Nos deja quizás incluso peor que la situación actual en términos del funcionamiento que requerimos o de los fondos que necesitamos para funcionar como universidades nacionales”, sostuvo Simes.
La diferencia también debe analizarse en función de cómo se calculó cada cifra. El monto reclamado para 2026 había sido estimado antes de conocer la evolución completa de los precios y salarios durante este año. Además, no contemplaba todavía todos los componentes vinculados con ciencia, tecnología, infraestructura, equipamiento y becas.
Para 2027, en cambio, el CIN elevó su requerimiento hasta los $11 billones. Según explicó Simes, esto implica que los recursos previstos en el proyecto se encuentran más de un 30% por debajo de las necesidades calculadas actualmente por el sistema universitario.
La UNaM ya redujo servicios para sostener el funcionamiento
La discusión presupuestaria se da, además, sobre una universidad que ya viene aplicando medidas de reducción de gastos. En Ciencias Económicas, esos ajustes impactaron directamente en servicios destinados a estudiantes y en distintas actividades académicas.
La Facultad dejó de brindar el servicio de cena en el comedor y redujo a la mitad las prestaciones. También disminuyó recursos para investigación, participación en congresos, fotocopias, limpieza y mantenimiento. “Nos hemos achicado en todo lo que hemos podido”, resumió Simes.
El impacto también comienza a observarse en el mantenimiento de los edificios. La UNaM cuenta con una infraestructura extensa y requiere inversiones permanentes. Sin embargo, las partidas extraordinarias para tecnología, equipamiento y obras dejaron de llegar con la regularidad de otros períodos.
A pesar de esas restricciones, los calendarios académicos continúan desarrollándose. Simes atribuyó esa continuidad al esfuerzo de docentes, no docentes y estudiantes. “Hacemos un gran esfuerzo toda nuestra comunidad para sostener las actividades”, señaló.
El problema se concentra, además, en la estructura del gasto universitario. Alrededor del 90% de los recursos se destina a salarios. Por ese motivo, cuando el financiamiento no alcanza, el margen de ajuste termina concentrándose en funcionamiento, investigación, extensión e infraestructura.
Según el decano, aun después de los acuerdos alcanzados durante este año, los ingresos de docentes y no docentes continúan alrededor de un 30% por debajo del poder adquisitivo que tenían a fines de 2023. A esto se suma el reclamo por una recomposición de los gastos de funcionamiento.
Investigación, permanencia estudiantil y una nueva marcha federal
Otro de los puntos que preocupa a las universidades es el impacto del ajuste sobre la investigación y la extensión. Simes remarcó que la universidad pública no se limita al dictado de clases, sino que también desarrolla investigación, extensión y vinculación tecnológica.
“También nos ha llevado a ajustar las partidas vinculadas a investigación y extensión”, explicó. En esa línea, advirtió que la falta de recursos extraordinarios también limita la incorporación de tecnología y el mantenimiento de infraestructura.
El escenario presupuestario se superpone con la discusión por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La Justicia ordenó al Poder Ejecutivo aplicar los artículos vinculados con la recomposición salarial de docentes y no docentes y con programas de becas.
“Estamos a la espera de que el Gobierno nacional cumpla con lo dispuesto por el Congreso”, señaló Simes. Según planteó, esa situación constituye una de las urgencias inmediatas del sistema universitario.
Mientras tanto, el impacto económico también comienza a trasladarse a la permanencia de los estudiantes. El aumento de los costos de alquiler, alimentación y transporte presiona sobre los ingresos familiares. En ese contexto, herramientas como el Boleto Estudiantil Gratuito, las becas y distintas estrategias de las facultades buscan evitar que los estudiantes abandonen sus carreras.
En Ciencias Económicas, una de las respuestas fue ampliar los formatos híbridos de cursado. La combinación de presencialidad y virtualidad permite reducir gastos de traslado y facilita que algunos estudiantes puedan incorporarse al mercado laboral sin abandonar sus estudios.
Sin embargo, Simes reconoció que ya perciben una reducción en la cantidad de alumnos. La magnitud del fenómeno todavía resulta difícil de medir porque el abandono no siempre se registra de manera inmediata. Un estudiante puede dejar de cursar durante uno o varios períodos antes de modificar formalmente su situación académica.
Ante este escenario, el sistema universitario también analiza nuevas medidas de protesta. Simes confirmó que se trabaja en una quinta Marcha Federal Universitaria, que podría realizarse durante octubre. El reclamo incluye mejoras salariales, mayor presupuesto y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
“No estamos defendiendo privilegios”, afirmó el decano. Desde su perspectiva, la discusión pasa por la posibilidad de sostener una institución que permite el acceso a la educación superior a amplios sectores de la población.
Así, mientras el Congreso comienza a discutir el Presupuesto Nacional 2027, la UNaM llega al debate después de haber aplicado distintos recortes. El principal planteo del sistema universitario es que los $7,35 billones previstos para el próximo año quedan lejos de los $11 billones que actualmente calcula como necesarios para sostener su funcionamiento.
