El conflicto salarial en las universidades nacionales volvió a tensarse este jueves tras una nueva paritaria sin acuerdo entre el Gobierno nacional y los gremios docentes. El Ejecutivo mantuvo su oferta de aumento del 3%, los sindicatos la rechazaron y, pese a la falta de consenso, anticipó que aplicará la suba de todos modos al considerar que cumple con la cautelar vigente vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La negociación se retomó por la mañana, luego del cuarto intermedio dispuesto el 1 de septiembre, y terminó profundizando las diferencias entre ambas partes. Como respuesta, las organizaciones docentes ya anticipan un escenario de mayor conflictividad, con paros continuos y una posible marcha federal universitaria para mediados de octubre.
Desde el Gobierno nacional sostienen que el incremento será otorgado aun sin firma paritaria. La posición fue comunicada durante el encuentro por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que argumentó que la actualización salarial acumulada permite avanzar en el cumplimiento de la medida judicial relacionada con el financiamiento universitario.
Para respaldar esa postura, el Ejecutivo tomó como referencia el acuerdo alcanzado el 10 de junio, que implicó una recomposición acumulada del 35%, y sumó a ese cálculo el nuevo 3% ofrecido ahora. Según la interpretación oficial, esa secuencia demuestra que se vienen realizando las actualizaciones salariales exigidas por la Justicia.
Paros, tensión y una nueva negociación
Sin embargo, las organizaciones universitarias aseguran que la discusión no pasa por agregar porcentajes aislados, sino por aplicar integralmente el mecanismo previsto en la legislación vigente. Los sindicatos afirman que los salarios universitarios todavía se ubican por debajo de los niveles que tenían en diciembre de 2023 y sostienen que aún falta una recomposición cercana al 23% para recuperar ese poder adquisitivo.
Además, remarcan que, si se considera el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario y las distintas variables que integran el cálculo, la actualización pendiente podría acercarse al 35%.
El desacuerdo también tiene una dimensión judicial. Las organizaciones docentes recuerdan que Nación presentó ante la Justicia la paritaria de junio como parte de la estrategia para demostrar avances en el cumplimiento de la ley, junto con el incremento que ahora intenta aplicar de manera unilateral.
Durante el encuentro también hubo cruces por las medidas de fuerza que se vienen desarrollando en distintas universidades del país. Funcionarios nacionales cuestionaron las protestas y los paros, mientras que los sindicatos dejaron abierta la posibilidad de profundizar las acciones si no aparece una propuesta superadora.
En ese contexto, desde la Asociación del Personal de la UBA (Apuba) anunciaron una medida de fuerza escalonada de 23 días. Según detallaron, las jornadas se desarrollarán de manera rotativa y estarán acompañadas por actividades de visibilización en cada repartición y unidad académica entre el lunes 21 de septiembre y el jueves 22 de octubre.
Además, las organizaciones universitarias ya definieron una nueva instancia de movilización para darle visibilidad al reclamo salarial y presupuestario. En ese marco, convocaron a una Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, en medio de un escenario de creciente tensión con el Gobierno nacional.
El conflicto salarial se cruza con el Presupuesto 2027
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso contempla $7,349 billones destinados a funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional estima que el sistema requerirá alrededor de $11 billones para sostener sus actividades.
La brecha entre ambas proyecciones alcanza aproximadamente $3,65 billones. Los rectores sostienen además que la partida debería ubicarse cerca de $9,8 billones solo para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario según su interpretación, antes de considerar otras actualizaciones.
Desde la administración nacional rechazan que exista un recorte nominal. Según los cálculos oficiales, el crédito aprobado para universidades en 2026 fue de $4,785 billones, mientras que las transferencias proyectadas para ese año alcanzarían $6,094 billones. Bajo esa comparación, aseguran que el presupuesto proyectado para 2027 representaría incrementos nominales del 20,6% respecto de las transferencias estimadas para 2026 y del 53,58% frente al crédito original de este año.
Los gremios y las autoridades universitarias cuestionan ese enfoque porque consideran indispensable incorporar la inflación acumulada y la pérdida de poder adquisitivo registrada en los últimos años.
Con las negociaciones empantanadas, el Gobierno avanzará con la aplicación unilateral del 3%, mientras los sindicatos mantienen su reclamo por una recomposición más amplia y preparan nuevas medidas de fuerza. La discusión seguirá abierta tanto en la mesa paritaria como en el debate por el financiamiento del sistema universitario nacional.
