Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por mayoría el dictamen para un nuevo régimen permanente en materia de discapacidad. En ese marco, se destacaron los aportes de Misiones sobre presupuesto permanente, compatibilidad entre pensión y trabajo, salud, transparencia y pagos a prestadores.
Los principales planteos fueron impulsados por el diputado nacional por Misiones y presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, durante las negociaciones entre las distintas bancadas.
Al respecto, remarcó que las propuestas de Misiones apuntan a corregir aspectos que generan incertidumbre para las personas con discapacidad y sus familias. Además de contribuir a reducir los niveles de judicialización vinculados con prestaciones, pensiones y financiamiento del sistema.
En ese marco, el legislador recordó que la actual Ley de Emergencia en Discapacidad permite acelerar determinados mecanismos judiciales ante incumplimientos. “Si no se cumplen algunos ítems pautados en la ley se puede litigar. Entonces, la justicia ordena los amparos colectivos de una manera más rápida que en una cuestión habitual”, señaló.
Sin embargo, advirtió que la emergencia no resuelve por sí misma los problemas estructurales del sector. “Pero tampoco la ley de emergencia resuelve los problemas de fondo. Si se la renueva, antes del 31 de diciembre del 2027 habrá que discutir nuevamente esto poniendo otra vez a las personas con discapacidad en una situación incómoda de no saber cuál es su futuro para los próximos años”, sostuvo.
Presupuesto y blindaje de las partidas
Uno de los principales aportes de Misiones incorporados al dictamen está relacionado con la asignación presupuestaria destinada a discapacidad, con crédito suficiente para garantizar la sostenibilidad real y permanente del sistema.
“Hoy, la Ley de Emergencia en Discapacidad no fija taxativamente una partida para la discapacidad. Por eso, se van acumulando las carpetas de judicializaciones por problemas con proveedores, turnos, cobros, bajas”, explicó Herrera Ahuad entrevistado por Radio Up.
En ese sentido, el diputado nacional planteó que el nuevo proyecto contemple una partida específica y con mecanismos que impidan una reducción respecto de los recursos ejecutados durante el ejercicio anterior.
Según explicó, el cálculo de referencia está siendo trabajado junto con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). “La OPC fija un piso de hasta el 0,30 del PBI para el análisis de cálculo que hacen con respecto a implementar en toda su plenitud la ley de emergencia. Nosotros partiríamos en partidas presupuestarias desde ese piso para el cumplimiento de la normativa en el año 2027”, señaló.
El planteo también incorpora un mecanismo de actualización trimestral para evitar que una eventual aceleración inflacionaria vuelva insuficiente la partida asignada.
Un nomenclador único para todo el país
Otro de los puntos planteados por el exgobernador misionero está relacionado con el nomenclador y el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad.
El objetivo planteado es establecer un esquema común para todo el territorio nacional y evitar que las prestaciones queden sujetas a criterios diferentes según jurisdicción o disponibilidad presupuestaria.
Cabe recordar que el Nomenclador Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad en Argentina es el sistema que fija los valores de referencia y los aranceles obligatorios para los servicios esenciales de la Ley 24.901.
Pensión y empleo formal podrían ser compatibles
Entre los aportes incorporados también se encuentra una modificación vinculada con las pensiones y el límite establecido a partir de los ingresos equivalentes a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
“La ley no es taxativa en cuánto a qué pasa con una asignación cuando esa persona supera los dos salarios mínimos vital y móvil. Con la ley de emergencia actual, a partir de un cruce de datos muy superficial, pueden quitar una pensión sin preguntar. Si en un mes se supera los dos salarios mínimos a esa persona le sacan la pensión”, sostuvo.
Frente a esa situación, Herrera Ahuad propuso diferenciar una suspensión temporal de una pérdida definitiva del beneficio. “Lo que planteamos es que si se supera ese tope por un aporte extra, se deberá tener una suspensión que no es lo mismo que un corte del beneficio, solamente mientras se esté cobrando por encima del salario mínimo”, explicó.
De ese modo, las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrían conservar el beneficio aun teniendo un vínculo laboral formal o encontrándose inscriptas en los regímenes general o simplificado.
El esquema prevé mantener la pensión mientras los ingresos del beneficiario no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si excedieran ese límite, el beneficio sería suspendido mientras dure esa situación y podría rehabilitarse cuando finalice la relación laboral o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del tope establecido.
“Cerca del 70% de los aportes de Misiones, fueron incorporados”
Herrera Ahuad destacó que una parte sustancial de sus planteos quedó reflejada en el dictamen elaborado por el oficialismo. “Estos aportes de Misiones son sobre ítems necesarios para brindar seguridad al colectivo de discapacidad en cuanto a debilidades que tiene la ley de emergencia”, afirmó.
El diputado sostuvo que su posición no implica rechazar la emergencia vigente, sino introducir modificaciones para abordar problemas que considera pendientes.
“No es una ley mala, pero se la puede perfeccionar con muchas cuestiones que llevarán a una disminución de la litigiosidad”, afirmó.
Y agregó: “Cuando bajamos a la reunión de comisión vimos plasmado en ese dictamen lo que pretendemos que sea la ley de discapacidad corrigiendo muchas cuestiones que hoy tienen un sector muy gris y permiten la judicialización de esto”.
La discusión sobre el Presupuesto General
Pese a la incorporación de sus propuestas al dictamen, Herrera Ahuad remarcó que el proceso legislativo todavía requiere definiciones, particularmente respecto del tratamiento presupuestario de las políticas de discapacidad.
“Todavía tenemos que esperar que lo que se dice en ese dictamen se cumpla, por ejemplo sacar del Presupuesto General el desastre que es el capítulo donde se habla de la discapacidad, y todas las cuestiones regresivas”, señaló.
En ese sentido, planteó que, si esas disposiciones no son modificadas, el debate podría quedar nuevamente concentrado en la continuidad de la emergencia. “Si eso no desaparece del Presupuesto tendremos que ir por el mal menor que es seguir con la ley de emergencia”, sostuvo.
Finalmente, el diputado nacional por Misiones remarcó que el desafío, además de establecer mecanismos presupuestarios y normativos, es recuperar previsibilidad para las personas con discapacidad y sus familias.
“El Gobierno deberá mostrar certezas y generar confianza en los colectivos de discapacidad, algo que se ha quebrado en los últimos años”, concluyó.
