Amnistía Internacional denunció que las operaciones migratorias federales desplegadas en Washington DC, Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis entre 2025 y 2026 derivaron en graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, discriminación racial, uso ilegítimo de la fuerza e incluso posibles ejecuciones extrajudiciales. La organización presentó este jueves un informe de 130 páginas basado en 154 entrevistas y más de 30 evidencias audiovisuales sobre la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otros organismos federales.
La investigación sostiene que el sistema de detención y deportación impulsado durante la administración del presidente estadounidense Donald Trump estuvo atravesado por prácticas discriminatorias contra migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Según la ONG, los operativos se apoyaron en perfiles raciales que derivaron en arrestos arbitrarios, hostigamiento, intimidación y tratos degradantes.
Bajo el título “Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para disolver el ICE”, el documento describe un patrón que, según Amnistía Internacional, excede acciones aisladas y responde a problemas estructurales dentro del sistema migratorio federal.
Entre las principales denuncias aparecen la represión de protestas pacíficas, el uso de gas lacrimógeno y spray de pimienta contra observadores y manifestantes, además de la utilización de tecnologías de reconocimiento facial que, a juicio de la organización, vulneran el derecho a la privacidad.
La ONG también advirtió sobre presuntas prácticas de vigilancia ilícita y condiciones de detención que califica como crueles, inhumanas y degradantes, con situaciones que podrían vulnerar la prohibición internacional de la tortura.
Las muertes y detenciones bajo la lupa
Uno de los capítulos más delicados del informe se concentra en los episodios vinculados al uso de fuerza letal por parte de agentes federales. Allí se mencionan los casos de Marimar Martínez y Silverio Villegas González en Chicago; Julio César Sosa-Celis, Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis; y Philip Brown y Justin Bryant Nelson en Washington DC.
El documento afirma que “los homicidios ilícitos de Villegas González, Good y Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, una de las acusaciones más severas formuladas por la organización contra las operaciones investigadas.
Amnistía Internacional aseguró además que detectó un “patrón generalizado” de utilización de oficinas gubernamentales, centros de procesamiento y dependencias oficiales para mantener detenciones prolongadas. En varios casos, sostiene, las personas permanecieron en condiciones inhumanas y bajo mecanismos de coacción.
La investigación documentó situaciones en las que los detenidos no pudieron acceder a asistencia legal ni comunicarse con familiares. Incluso, según el informe, hubo ocasiones en las que el ICE se negó a confirmar si determinadas personas estaban bajo custodia o a informar dónde se encontraban, hechos que la organización vincula con detenciones en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada.
El reclamo por el “desmantelamiento” del ICE
A diferencia de otros informes centrados en responsabilidades individuales, la ONG sostuvo que las violaciones documentadas no responden a errores aislados, falta de capacitación o déficits de supervisión. Por el contrario, afirmó que forman parte de un entorno institucional respaldado y ampliado por el gobierno federal.
Por esa razón, concluyó que la magnitud y persistencia de las irregularidades exigen una reforma profunda y reclamó el “desmantelamiento” del ICE, al considerar que ajustes parciales no alcanzan para adecuar el sistema migratorio estadounidense a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El informe también advierte sobre las consecuencias sociales de estos operativos. Según Amnistía Internacional, las redadas generaron un clima de miedo extendido en las comunidades migrantes, con personas que dejaron de concurrir a escuelas, centros de salud, lugares de trabajo, templos y espacios comunitarios, alterando la vida cotidiana mucho más allá de los procedimientos de control migratorio.
