El Gobierno apelará la resolución judicial que dictó un plazo de cinco días para cumplir totalmente con la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación oficial llegará ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Dicha medida enfrenta la intimación impulsada por Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N11. El magistrado advirtió sanciones económicas diarias si el Poder Ejecutivo incumple los plazos. Mientras tanto, en los despachos oficiales analizan solicitar un efecto suspensivo. Sobre este aspecto técnico, autoridades nacionales señalaron: “Estamos estudiando el tema”.
La posición de la Casa Rosada dista de la visión judicial. El Ejecutivo argumentó que acreditó correctamente el acatamiento de la medida cautelar. La controversia principal deriva del decreto 759/2025, el cual supeditó la ejecución presupuestaria a la obtención de fuentes de financiamiento. Cabe recordar que el juez ordenó aplicar inmediatamente los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Dichos puntos exigen recomponer los salarios docentes y no docentes, además de actualizar el programa de becas.
Posteriormente, la Cámara confirmó esa medida cautelar. Luego, el pasado 25 de junio, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso extraordinario presentado por el Gobierno. Por ende, la orden judicial quedó firme mientras tramita el expediente principal sobre la constitucionalidad del decreto. Anteriormente, el 10 de junio, la Subsecretaría de Políticas Universitarias acordó un aumento salarial del 24,33% y un incremento del 20% para gastos operativos. Sin embargo, Cormick rechazó el 1 de septiembre el levantamiento de la cautelar.
Las negociaciones salariales fracasaron de nuevo el 17 de septiembre tras el rechazo sindical a un incremento adicional del 3%. Ante el estancamiento, la Justicia emplazó al Gobierno bajo apercibimiento de imponer astreintes. En forma paralela, el oficialismo intenta abrir una vía de negociación política en el marco del Presupuesto 2027. La propuesta enviada al Congreso estipula $7,349 billones para las universidades nacionales. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional estimó las necesidades reales en una cifra cercana a $11 billones.
Desde la Casa Rosada admiten margen para adecuar los montos en el debate legislativo. La estrategia oficial apunta a presentar un eventual pacto político ante la Justicia como un cambio de circunstancia. No obstante, las autoridades judiciales aclararon que cualquier modificación técnica requerirá autorización de los tribunales. Mientras tanto, los gremios confirmaron la Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. El Ejecutivo definirá sus próximos pasos legales ante la Cámara durante las próximas horas.
