El gobernador Hugo Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado de Misiones a iniciar las acciones judiciales que correspondan para defender los derechos e intereses de la provincia frente a la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. La medida quedó formalizada mediante el Decreto N.º 1935, firmado el 2 de octubre de 2026, que habilita a la Fiscalía a actuar “en las oportunidades y por las vías que resulten técnicamente más oportunas”.
“Fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales, y ante el reciente fallo de la Corte Suprema que habilita la libre adquisición de tierras a extranjeros, instruí al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales pertinentes para resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes”, expresó Passalacqua.
El decreto establece que las acciones deberán buscar hacer valer y defender los derechos e intereses del Estado provincial que pudieran verse afectados por la derogación de la Ley 26.737.
Los fundamentos de Misiones
Passalacqua vinculó la decisión con las características territoriales de Misiones y su condición de provincia fronteriza. “Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, sostuvo el gobernador, quien definió el cuidado de la tierra misionera como “un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”.
El Decreto N.º 1935 señala que el artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la Ley 26.737, que establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. En sus fundamentos, el Gobierno provincial sostiene que la vigencia de ese artículo impacta sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de Misiones, además de mencionar el control de los recursos naturales y cuestiones de seguridad provincial y municipal.
El conflicto judicial se inició luego de la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional el artículo del DNU que eliminó esa norma, pero el Gobierno nacional apeló y el expediente llegó a la Corte Suprema, que revocó esa sentencia y rechazó la demanda por falta de legitimación del Cecim. Posteriormente, el propio máximo tribunal aclaró que su decisión no resolvió la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 154.
Con este decreto, Misiones formalizó su decisión de llevar adelante las acciones judiciales que considere correspondientes para defender sus intereses frente al nuevo escenario. El artículo 1° instruye específicamente al Fiscal de Estado a ejercer la representación legal de la provincia y promover las acciones y defensas necesarias ante los posibles efectos de la derogación de la Ley 26.737.
