El gobernador Hugo Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado de Misiones, Fidel Duarte, a iniciar las acciones judiciales que correspondan para defender los intereses de la provincia ante los efectos de la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
La decisión quedó formalizada este viernes 2 de octubre mediante el Decreto N.º 1935, luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, aunque sin pronunciarse sobre su constitucionalidad. El Gobierno provincial fundamentó la medida en la condición fronteriza de Misiones, su patrimonio natural y el impacto que una eventual extranjerización de tierras podría tener sobre el territorio.
El Decreto N.º 1935 habilita al Fiscal de Estado a ejercer la representación legal de la provincia y promover las acciones y defensas que considere necesarias “en las oportunidades y por las vías que resulten técnicamente más oportunas”. El objetivo es defender los derechos e intereses del Estado provincial que pudieran verse afectados por la eliminación del régimen establecido por la Ley de Tierras Rurales.
Passalacqua vinculó la decisión con el reciente fallo de la Corte y con la necesidad de que Misiones pueda defender sus intereses en las instancias que correspondan.
“Fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales, y ante el reciente fallo de la Corte Suprema que habilita la libre adquisición de tierras a extranjeros, instruí al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales pertinentes para resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes”, expresó.
El gobernador también puso el foco en las características particulares de la provincia.
“Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, sostuvo.
Passalacqua definió además el cuidado del territorio como “un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”.
El decreto provincial señala que el artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la Ley 26.737, que establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. Misiones sostiene que ese cambio puede tener consecuencias sobre la autonomía territorial, los recursos naturales, las finanzas públicas, el entramado económico y social y cuestiones vinculadas con la seguridad provincial y municipal.
Qué resolvió la Corte y por qué el fallo no definió la constitucionalidad de la norma
El antecedente inmediato de la decisión de Misiones fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del martes 29 de septiembre. El máximo tribunal revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023 y había frenado la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
La Corte, sin embargo, no declaró constitucional el artículo 154. La resolución se concentró en la legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) para promover la demanda y consideró que no se había configurado un caso o controversia que habilitara el tratamiento de fondo en esos términos.
Por ese motivo, el propio tribunal dejó en claro que su sentencia no constituye un pronunciamiento sobre la validez constitucional de la derogación de la Ley 26.737. El efecto inmediato fue dejar nuevamente operativo el artículo 154 del DNU, que había eliminado el régimen de restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre las tierras rurales del país. También contemplaba restricciones específicas para zonas de frontera y fijaba un máximo de 1.000 hectáreas para una misma persona extranjera en la denominada zona núcleo.
El artículo 154 del DNU 70/2023 eliminó ese régimen durante los primeros días de la actual gestión nacional. La norma fue cuestionada judicialmente y el expediente recorrió distintas instancias hasta llegar al máximo tribunal.
Ecología puso el foco en la selva, el agua y las familias rurales
El debate también generó una reacción dentro del Ministerio de Ecología de Misiones, donde guardaparques, guardafaunas, inspectores forestales, guardabosques, brigadistas y trabajadores de la administración central expresaron su preocupación mediante cinco cartas abiertas.
Los documentos tienen un punto común: la defensa de la tierra aparece vinculada no solo con la propiedad, sino también con la conservación de la selva misionera, el agua, la biodiversidad y los corredores biológicos.
Desde el Cuerpo de Guardaparques señalaron que la situación económica de muchas familias rurales también debe formar parte de la discusión. La caída de los ingresos de pequeños productores, las dificultades para acceder al crédito y el costo de mantener una chacra pueden generar condiciones que favorezcan la venta de propiedades.
En ese contexto, los trabajadores de Ecología cuestionaron que una eliminación de restricciones a la adquisición de tierras rurales pueda producir una mayor concentración de superficies en manos de capitales que no necesariamente tienen residencia o actividad permanente en Misiones.
Los brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego plantearon una preocupación similar. Su mirada parte de una tarea concreta: intervienen ante incendios que afectan montes, cultivos, yerbales, pinares y viviendas rurales. Para este sector, la protección del territorio también requiere políticas que permitan sostener a quienes viven y producen en las chacras.
Los inspectores forestales y guardabosques, por su parte, pusieron el acento en las particularidades ambientales de Misiones. La provincia cuenta con una elevada proporción de territorio bajo distintas categorías de protección y concentra nacientes, arroyos, saltos, selva nativa y corredores que permiten la circulación de distintas especies.
Uno de los problemas señalados en las cartas está relacionado con la fiscalización ambiental. Los trabajadores advierten que una propiedad cuyo titular no reside en el país o no cuenta con representación efectiva en Misiones puede presentar mayores dificultades para la notificación de infracciones, la tramitación de sumarios y la exigencia de medidas de restauración ante daños ambientales.
Los guardafaunas sumaron otra mirada: la conservación de especies depende de la existencia de ambientes donde puedan regresar los animales rescatados y rehabilitados. En ese sentido, plantearon una pregunta que sintetiza su preocupación: “¿De qué sirve recuperar un animal si mañana no tenemos dónde devolverlo?”
La frase resume uno de los ejes de las cartas: el rescate de fauna no puede separarse de la conservación de los ambientes naturales. La recuperación de un ejemplar requiere bosques, corredores y territorios que mantengan las condiciones necesarias para su supervivencia.
Una provincia fronteriza frente a un debate que también alcanza al Inym
El escenario judicial se cruza con otra discusión que tendrá lugar en el Congreso. La Cámara de Diputados de la Nación tendrá una sesión especial el 15 de octubre con el objetivo de debatir la derogación del DNU 70/2023. El Senado ya había rechazado el decreto en marzo de 2024, por lo que una nueva votación negativa en Diputados podría dejarlo sin efecto.
Si el DNU fuera derogado en su totalidad, distintas normas modificadas o eliminadas por el decreto podrían recuperar vigencia. Entre ellas aparece la Ley de Tierras Rurales.
El escenario también tiene particular importancia para Misiones por el capítulo referido al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). El DNU 70/2023 modificó las facultades del organismo y eliminó herramientas de regulación del mercado yerbatero, una cuestión que generó fuertes reclamos de productores y representantes de la provincia.
Por eso, el debate sobre el DNU reúne en Misiones dos cuestiones diferentes, pero relacionadas con la protección de intereses provinciales: por un lado, el régimen de tierras rurales y la protección territorial; por otro, las atribuciones del Inym y la regulación de la actividad yerbatera.
El eventual tratamiento legislativo podría modificar nuevamente ese escenario. Mientras el Congreso discute el futuro del DNU, Misiones ya tomó una decisión concreta en el plano judicial: mediante el Decreto N.º 1935, ordenó a su Fiscalía de Estado preparar y promover las acciones necesarias para defender los derechos provinciales ante las consecuencias que pueda generar la derogación de la Ley 26.737.
La posición del Gobierno provincial se apoya, además, en una característica territorial que atraviesa toda la discusión: Misiones posee más del 90% de sus límites como frontera internacional y concentra una biodiversidad singular del 52% dentro del total del país. Para los trabajadores de Ecología, esa condición exige considerar la tierra no solo como un bien económico, sino también como parte de un sistema ambiental que incluye selva, agua, fauna, producción y comunidades rurales.
Así, el conflicto por la Ley de Tierras Rurales entra en una nueva etapa. La Corte dejó vigente la derogación del régimen en los términos de su fallo, sin resolver su constitucionalidad; el Congreso tiene pendiente la discusión sobre el DNU 70/2023; y Misiones decidió acudir a la Justicia para plantear su propia defensa territorial. El próximo capítulo dependerá de las acciones que presente la Provincia, de las decisiones judiciales que surjan de esas presentaciones y del tratamiento que el Congreso dé al decreto en las próximas semanas.
