Diputados de distintos bloques presentaron un proyecto de resolución para exigir que el Presupuesto nacional 2027 incorpore las partidas necesarias para garantizar el cumplimiento integral de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, en medio de nuevos pronunciamientos judiciales que cuestionaron medidas adoptadas por el Gobierno nacional.
El planteo apunta a que el Ministerio de Economía de la Nación contemple en el cálculo de gastos del próximo ejercicio los recursos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales, la actualización salarial de docentes y no docentes, los programas de becas estudiantiles y el resto de las obligaciones previstas por la legislación vigente.
El proyecto fue impulsado por el diputado nacional por Misiones Alberto Arrúa, del bloque Argentina Federal, y cuenta con las firmas de sus pares misioneros Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, además del acompañamiento de legisladores de otros bloques. Entre los firmantes también se encuentran Bernardo Biella, Pablo Outes, Yolanda Vega, Claudio Álvarez, Gerardo González, Marcela Pagano, Pablo Juliano, Victoria Tolosa Paz, Fernanda Miño, Mariela Coletta y Agustina Propato.
Los autores del proyecto sostienen que el debate presupuestario no puede avanzar al margen de una ley que ya se encuentra en plena vigencia. En ese sentido, remarcan que la educación universitaria pública constituye una política estratégica para el desarrollo científico, tecnológico, productivo y social del país, por lo que consideran indispensable garantizar los recursos necesarios para su sostenimiento.
Qué propone el proyecto
Entre los puntos que destacan, recuerdan que la Ley 27.795 establece obligaciones concretas para el Estado nacional. La norma prevé la recomposición de los gastos de funcionamiento de las universidades, mecanismos de actualización vinculados a la evolución de los precios, negociaciones paritarias para la recomposición salarial del personal docente y no docente, además del fortalecimiento de distintos programas de becas estudiantiles.
También incorpora recursos destinados a la investigación universitaria, incluyendo partidas para la regularización de ingresos a la carrera de investigador científico y el sostenimiento de becas de formación. Según los legisladores, todas esas previsiones deben reflejarse de manera explícita en el Presupuesto Nacional para asegurar su cumplimiento efectivo.
El pedido parlamentario se presentó en un contexto marcado por recientes decisiones judiciales vinculadas al financiamiento universitario. Los firmantes recuerdan que la ley fue vetada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 647/2025, aunque posteriormente el Congreso insistió con la norma y logró su aprobación con las mayorías constitucionales requeridas. Más tarde fue promulgada a través del Decreto 759/2025, por lo que sus disposiciones permanecen plenamente vigentes.
Además, señalan que una nueva resolución de la Justicia federal declaró inconstitucional el decreto que había frenado la aplicación de la ley. A ello se suma una intimación de la Justicia Contencioso Administrativa Federal al Poder Ejecutivo para cumplir una medida cautelar relacionada con aspectos de la normativa.
Previsibilidad para salarios, investigación y funcionamiento
Los diputados argumentan que incorporar estas partidas desde el inicio del proceso presupuestario permitiría dar mayor transparencia a la asignación de recursos y evitar ajustes posteriores durante la ejecución del gasto público.
Advierten, además, que las universidades nacionales necesitan previsibilidad para planificar el pago de salarios, el desarrollo de obras de infraestructura, las actividades de investigación, el funcionamiento de hospitales universitarios, las tareas académicas y las acciones de extensión que despliegan en todo el país.
Con el proyecto ya presentado en la Cámara de Diputados, el debate por el contenido del Presupuesto nacional 2027 suma un nuevo capítulo y pone nuevamente en discusión el alcance de los recursos que el Estado nacional destinará al sistema universitario público.
