La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró un nuevo frente judicial impulsado por siete de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa al rechazar un recurso presentado contra la desestimación de una denuncia penal que habían promovido contra la fiscal Verónica Zamboni y otros funcionarios judiciales vinculados a la investigación del caso. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que la presentación carecía de fundamentos suficientes y no refutaba adecuadamente los argumentos de las resoluciones anteriores.
La decisión no modifica las condenas por el asesinato ocurrido en Villa Gesell, sino que pone punto final al recorrido judicial de una causa paralela iniciada por la defensa para cuestionar las actuaciones realizadas durante las primeras horas de la investigación.
El planteo había sido promovido por el abogado Hugo Tomei en representación de Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi. La defensa sostenía que, durante las declaraciones indagatorias realizadas tras el homicidio, los imputados no habían sido informados correctamente sobre los hechos atribuidos ni sobre las pruebas reunidas en su contra.
Además, cuestionaba la confección y firma de las actas de esas declaraciones. Según el planteo, los procedimientos no habrían respetado las garantías previstas por el Código Procesal Penal bonaerense.
Con esos argumentos, Tomei avanzó más allá de la causa principal y promovió una denuncia por presuntos delitos de falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.
Entre los denunciados figuraban la fiscal Verónica Zamboni, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli, quien había ordenado la prisión preventiva de los acusados.
La estrategia paralela que no prosperó
La controversia comenzó en los meses posteriores al crimen, cuando la defensa cuestionó los horarios consignados en las actas de las indagatorias y sostuvo que los escasos intervalos registrados entre una declaración y otra no alcanzaban para cumplir con todas las formalidades exigidas por la ley.
Aunque en febrero de 2022 la Cámara de Apelaciones de Dolores reconoció a los rugbiers como particulares damnificados dentro de ese expediente y les permitió participar formalmente como denunciantes, la investigación terminó siendo desestimada por ausencia de dolo.
También fueron rechazados distintos pedidos de prueba y la posibilidad de que los condenados declararan como víctimas dentro de esa causa. Las revisiones posteriores confirmaron esa decisión en todas las instancias.
Tras pasar por el juez Mancinelli, el Tribunal de Casación Penal bonaerense y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el expediente finalmente llegó a la Corte nacional, que ahora rechazó definitivamente el recurso extraordinario.
Las condenas siguen firmes
El fallo conocido ahora no reabre la discusión sobre las responsabilidades penales de los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido a la salida del boliche Le Brique durante la madrugada del 18 de enero de 2020.
Por ese crimen, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi recibieron prisión perpetua como coautores del homicidio. En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron condenados a quince años de prisión como partícipes secundarios.
Las sentencias fueron confirmadas en 2024 por el Tribunal de Casación Penal bonaerense y, desde entonces, las defensas presentaron distintos recursos para intentar revertirlas. Con este nuevo rechazo, la Corte Suprema volvió a descartar uno de los planteos impulsados por los condenados, aunque en una causa distinta a la que derivó en las penas por el homicidio de Fernando Báez Sosa.
