La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió de manera provisoria las multas diarias contra el Gobierno nacional por el presunto incumplimiento de la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
La Sala III hizo lugar a un recurso de queja del Ministerio de Capital Humano, por lo que quedó en suspenso la sanción de $100.000 diarios que el juez Martín Cormick había impuesto al jefe de Gabinete, Diego Santilli. La decisión se conoció este jueves 15 de octubre, en la misma jornada de la quinta Marcha Federal Universitaria.
La Cámara aceptó el planteo del Gobierno
Los jueces Sergio Gustavo Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, integrantes de la Sala III, admitieron el recurso de queja que presentó el Ministerio de Capital Humano contra la resolución del juzgado de primera instancia. La medida permite tramitar la apelación con efecto suspensivo, por lo que las multas no se aplicarán mientras se analiza ese planteo.
La sanción había sido dispuesta el miércoles por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, ante el incumplimiento que consideró acreditado de una medida cautelar sobre la actualización de los salarios del personal universitario y los fondos para becas estudiantiles. El magistrado había advertido previamente al Estado y le había otorgado plazos para cumplir con la orden judicial.
Qué exige la cautelar por el financiamiento universitario
La medida judicial ordena adecuar los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025. De acuerdo con el cálculo citado en el expediente, esa actualización representaría un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.
La cautelar también contempla la actualización mensual de los haberes conforme a la inflación y la recomposición de las becas estudiantiles. El conflicto judicial se relaciona con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y con el decreto 759/2025, que condicionó su puesta en marcha. La suspensión de las multas no implica que la Cámara haya dejado sin efecto la cautelar ni que haya resuelto el fondo de la controversia.
El Gobierno sostiene que ya cumplió con los aumentos
En su presentación, el Estado nacional argumentó que los incrementos salariales otorgados desde diciembre de 2023 acumularon una mejora del 226,80%, por encima del 226,40% que, según su interpretación, correspondía para el período comprendido entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. El cálculo oficial incluyó un aumento del 21,33% dispuesto en junio de 2026.
El Ministerio de Capital Humano sostuvo que la cautelar ya estaba cumplida y cuestionó la aplicación de sanciones sin una determinación precisa de los montos adeudados. También planteó que la resolución judicial imponía obligaciones económicas cuyo alcance, a su criterio, no estaba definido con suficiente claridad.
El reclamo universitario continúa pese a la suspensión de las multas
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado la aplicación de las sanciones al considerar que el Estado continuaba sin cumplir la medida cautelar. La entidad también recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la cautelar el 25 de junio de 2026, según los antecedentes citados en el expediente.
La decisión de la Cámara se conoció horas antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada en distintos puntos del país para exigir el cumplimiento de la ley y reclamar por el presupuesto de las universidades públicas. Mientras continúa el trámite judicial, la discusión abarca la recomposición salarial, los recursos para becas y las obligaciones presupuestarias del Estado nacional.
Por el momento, la resolución de la Sala III suspende provisoriamente las multas diarias, pero no resuelve de manera definitiva la disputa sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El alcance de las obligaciones del Gobierno y la aplicación de la cautelar continúan bajo análisis judicial.
