La Cámara de Representantes de Misiones inició el camino legislativo para analizar el proyecto de reforma que envió el gobernador Hugo Passalacqua, que busca ampliar el control del Tribunal de Cuentas sobre las empresas estatales. Durante la 19° sesión ordinaria, el diputado del bloque Movimiento por lo que Viene, Alejandro Arnhold, incorporó la iniciativa impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua. El proyecto ingresó bajo el expediente 11356/26 y pasó a la comisión correspondiente para su tratamiento que iniciará la semana próxima.
En concreto, la propuesta apunta a precisar las facultades del organismo de control sobre las empresas y sociedades del Estado provincial y municipal. En ese marco, Arnhold retomó los fundamentos del mandatario y explicó el alcance de la modificación prevista para la normativa vigente.
“Pretende modificar la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas con la incorporación de un párrafo al artículo 2 de la Ley I – N° 3, buscando y otorgando de manera explícita y taxativa el control y fiscalización sobre las empresas y sociedades del Estado”, explicó el legislador.
Anteriormente, Passalacqua había planteado la necesidad de fortalecer la transparencia en la gestión pública mediante una publicación en sus redes sociales. Allí, el gobernador sostuvo que “los misioneros necesitan claridad, apertura y una gestión de cara a la gente”.
Qué cambios propone la iniciativa
El proyecto consta de tres artículos y concentra su principal modificación en el primero. Ese apartado propone incorporar una disposición a la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para establecer expresamente su competencia fiscalizadora sobre las empresas y sociedades estatales.
La redacción incluye a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y a las sociedades de economía mixta. También contempla otras entidades empresariales en las que el sector público provincial o municipal tenga capacidad mayoritaria de decisión.
De esta manera, la iniciativa busca delimitar con mayor precisión qué estructuras empresariales quedan bajo la supervisión del organismo. El cambio también apunta a extender expresamente el alcance de los controles más allá de las dependencias tradicionales de la administración pública.
Por su parte, el segundo artículo establece que la modificación entrará en vigencia el 1 de enero de 2027. El tercer apartado corresponde a la fórmula de forma legislativa.
El documento recuerda que la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas establece las disposiciones necesarias para que el organismo ejerza el control externo sobre la administración de los fondos públicos y cumpla su función jurisdiccional. Entre sus atribuciones se encuentra la determinación de responsabilidades y sanciones cuando corresponda, dentro de las competencias asignadas por la Constitución provincial y las leyes.
Fotografía de portada: Sixto Fariña ©.
