Pese al fuerte rechazo expresado por un amplio sector de la actividad yerbatera, el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) aprobó ayer un cronograma de trabajo para avanzar con el proyecto de ordenamiento normativo exigido por el Gobierno nacional de Javier Milei.
La iniciativa busca reestructurar el funcionamiento del organismo mediante la eliminación de 21 resoluciones y la modificación de los mecanismos de control y trazabilidad, profundizando las medidas de desregulación de mercado que, según advierten desde el sector, desencadenaron la actual crisis socioeconómica de la yerba mate.
El proyecto fue presentado el pasado 22 de septiembre en la sede institucional por enviados del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado -conducido por Federico Sturzenegger-, además de integrantes del Senasa y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Una semana más tarde, la mayoría de los directores presentes en la Subcomisión de Legislación, Fiscalización y Control había decidido postergar su tratamiento debido a la magnitud de la medida y su impacto directo sobre tareferos, productores, secaderos y pequeñas industrias.
Quiénes apoyaron dar continuidad
A contramano del mandato de las bases y de lo que sus críticos califican como “los propios intereses del sector”, la continuidad del tema fue aprobada por los directores Carmelo Rojas (Tareferos); Luis Konopaki (Secaderos); Marisol Fracalosi y Ramón Rodríguez (Productores) -quienes acumulan duras críticas de las asociaciones por acompañar las medidas libertarias-. También por Gustavo Barreiro y Gerardo López (Industria); María Herminda Gabur (Gobierno de Corrientes); y el presidente del organismo, Rodrigo Correa.
En la vereda opuesta, el representante del Gobierno de Misiones, Denis Bochert, se abstuvo; mientras que el rechazo formal estuvo a cargo de los directores por la Producción, Roberto Ferreyra y Kevin Knott, y los representantes de Cooperativas, Gerardo Vallejos y Elian Genski.
Con esta venia del Directorio, la propuesta de reordenamiento normativo comenzará a analizarse en comisión el próximo martes 3 de noviembre. Tras cuatro reuniones, se prevé fijar una postura definitiva el 25 de noviembre, tras lo cual el expediente volverá al plenario del Directorio para su votación definitiva por mayoría.
Qué cambios se impulsan
El reordenamiento propuesto por el Gobierno nacional deroga 21 resoluciones dictadas entre 2003 y 2023. Se trata de normativas que, durante los 23 años de plena vigencia del instituto, permitieron sostener indicadores positivos de desarrollo y crecimiento para toda la cadena, desde los tareferos hasta las grandes industrias.
Esta modificación sintoniza con los lineamientos del DNU 70/23, que ya le había quitado al Inym la facultad de fijar los precios de la materia prima.
Entre sus puntos más sensibles, el nuevo esquema faculta al presidente del Inym a negociar, redactar y firmar convenios, acuerdos e instrumentos operativos sin requerir la aprobación previa del Directorio. Esto marca un giro radical frente al esquema actual, que exige el consenso de los representantes de cada eslabón yerbatero para la toma de decisiones ejecutivas.
Asimismo, la iniciativa contempla reformas al Convenio de Corresponsabilidad Gremial, a la Tasa de Inspección y Fiscalización, al régimen sancionatorio y a los programas de asistencia. Sobre este último punto, se estipula que ningún plan podrá interferir en la libre oferta y demanda ni distorsionar precios. Esta cláusula pone en riesgo la continuidad del Programa de Asistencia Técnica y de entrega de herramientas e insumos -como guinches y equipamiento para secaderos-, claves para que tareferos y productores incorporaran tecnología y mejoras en el manejo de suelo y agua.
En total, la propuesta oficial consta de 31 páginas y 103 artículos que impactan de lleno en casi toda la estructura del organismo, poniendo en vilo un sistema de registros y datos consolidado a lo largo de más de dos décadas.
