La diputada nacional por Misiones e integrante del bloque Argentina Federal, Yamila Ruiz, expuso los fundamentos de su proyecto de ley en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, donde planteó la necesidad de modificar el Código Penal para ampliar las posibilidades de acceso a la Justicia de las víctimas de delitos contra la integridad sexual.
La iniciativa, identificada con el expediente 4178-D-2025, propone dos modificaciones centrales al artículo 67 del Código Penal: establecer que los delitos previstos en los artículos 119 y 120 sean imprescriptibles, cualquiera sea la edad de la víctima al momento del hecho, e incorporar el grooming al listado de delitos cuyo plazo de prescripción se suspende mientras la persona afectada sea menor de edad.
Durante su exposición, Ruiz sostuvo que el objetivo es evitar que el paso del tiempo impida investigar estos hechos y permita que sus responsables permanezcan impunes. “Para que el paso del tiempo no invisibilice a las víctimas, no invisibilice abusos, no invisibilice abusadores”, expresó ante los integrantes de la comisión.
Abuso sexual: una propuesta para evitar la prescripción
El primer eje del proyecto establece la imprescriptibilidad de los delitos contemplados en los artículos 119 y 120 del Código Penal, que comprenden distintas formas de abuso sexual y el estupro. La propuesta no distingue entre víctimas menores y mayores de edad al momento del hecho.
Ruiz explicó que muchas personas enfrentan dificultades para denunciar en el momento en que sufren estos delitos, debido al miedo, la vergüenza y las barreras culturales e institucionales. Por eso, consideró que la legislación debe contemplar esas circunstancias para evitar que las víctimas pierdan la posibilidad de buscar justicia por el transcurso del tiempo.
“Creo que podemos y tenemos la capacidad, y ya este Congreso lo ha demostrado, en trabajar todos juntos para crear herramientas legislativas necesarias para equilibrar el acceso a la Justicia, reparar desigualdades estructurales y, sobre todo, evitar que estos delitos queden impunes”, afirmó.
La legisladora también remarcó que el debate trasciende las diferencias partidarias y representa una oportunidad para revisar las herramientas legales disponibles frente a delitos cuyas consecuencias pueden extenderse durante años.
Grooming: suspender la prescripción hasta la mayoría de edad
El segundo eje de la iniciativa apunta a incorporar el delito de grooming, previsto en el artículo 131 del Código Penal, al régimen de suspensión de la prescripción establecido en el artículo 67. De aprobarse la propuesta, el plazo quedaría suspendido mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, una vez cumplidos los 18 años, formule por sí misma la denuncia o ratifique la realizada por sus representantes legales durante su minoría de edad.
Ruiz advirtió que el plazo de prescripción vigente en el delito de grooming puede convertirse en un obstáculo para las víctimas de acoso sexual a través de medios digitales. Según explicó, al tratarse de un delito cuya pena máxima es de cuatro años, ese es el plazo de prescripción que se aplica como regla general.
Como ejemplo, mencionó el caso de una niña de 11 años que sufre grooming: si el plazo transcurre durante su adolescencia, podría agotarse cuando todavía es menor de edad, antes de que tenga la posibilidad de denunciar por sí misma. “Creo que nosotros como legisladores tenemos la obligación y el compromiso con la sociedad de actualizar ya la legislación penal frente a las nuevas violencias sexuales en el ámbito digital”, señaló.
Redes sociales, chats y dispositivos electrónicos
La diputada hizo hincapié en que las redes sociales, los chats, los videojuegos y los dispositivos electrónicos forman parte de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes, lo que también genera nuevos escenarios de vulnerabilidad frente a personas que buscan captarlos con fines de explotación o agresión sexual.
La iniciativa propone, de esta manera, extender la protección legal a las víctimas de grooming sin establecer la imprescriptibilidad de ese delito. En cambio, plantea suspender el cómputo del plazo durante la minoría de edad y permitir que se reanude cuando la víctima alcance la mayoría de edad y pueda realizar la denuncia o ratificarla.
Acceso a la Justicia y protección de las víctimas
En los fundamentos del proyecto, Ruiz señaló que las consecuencias de los delitos contra la integridad sexual pueden dificultar o demorar la denuncia, especialmente cuando las víctimas son menores de edad. También sostuvo que las nuevas formas de violencia facilitadas por las tecnologías digitales requieren una actualización de las herramientas legales.
La propuesta busca modificar los plazos para que las dificultades personales, culturales e institucionales que enfrentan las víctimas no se conviertan en un impedimento definitivo para acceder a la Justicia.
Al cerrar su intervención, Ruiz se puso a disposición de la comisión para continuar el trabajo legislativo y pidió avanzar en una respuesta que contemple tanto los abusos sexuales como las nuevas modalidades de acoso en entornos digitales. “La justicia no tenga fecha de vencimiento para estos delitos tan aberrantes”, concluyó.
