La crisis de Ueno Bank sacudió al sistema financiero y político de Paraguay luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el inicio del procedimiento de resolución de la entidad. La medida se anunció este martes 3 de noviembre, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. La decisión implicó el cese de sus operaciones habituales y la intervención de la entidad para preservar sus activos y atender los compromisos con los depositantes.
Sin embargo, los problemas no comenzaron esta semana. Según explicó el propio Banco Central, el proceso de supervisión se había iniciado meses atrás, cuando la Superintendencia de Bancos detectó créditos vinculados con empresas del grupo propietario de Ueno Bank. El 5 de junio, el organismo solicitó a la entidad que adecuara esas operaciones a los límites establecidos por la legislación. Posteriormente, profundizó las inspecciones y encontró otras irregularidades relacionadas con las condiciones de los préstamos, la liquidez y la constitución de previsiones financieras.
Uno de los episodios que antecedió a la intervención ocurrió el 29 de octubre, cuando Ueno Bank comunicó que no podría reponer aproximadamente 70 millones de dólares utilizados de su encaje legal. De acuerdo con los datos expuestos por el Banco Central, también se detectó un déficit de 1,62 billones de guaraníes y un deterioro de sus indicadores de solvencia. Estos factores, sumados a los hallazgos de la supervisión, derivaron en la decisión de iniciar el procedimiento de resolución.
La intervención tuvo consecuencias inmediatas para los usuarios. La aplicación y las tarjetas de la entidad dejaron de funcionar, mientras que numerosos clientes manifestaron dificultades para acceder a sus depósitos y se concentraron frente a las sucursales para reclamar respuestas. Ueno Bank cuenta con cerca de tres millones de clientes y administra importantes fondos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS). La situación también generó preocupación entre jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de esa entidad.
Frente a los reclamos, el Banco Central aseguró que los depósitos cuentan con la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, que alcanza hasta 75 salarios mínimos por persona y por entidad, equivalentes a 228.300.000 guaraníes. Además, informó que trabajará para garantizar la continuidad del pago de jubilaciones y pensiones. La protección de los montos que superen esa cobertura también quedó dentro de las medidas que deberán definirse durante el proceso de resolución.
En paralelo, la crisis avanzó hacia el ámbito judicial. El Banco Central presentó una denuncia ante el Ministerio Público por las irregularidades detectadas y la Fiscalía abrió una investigación penal que incluyó pedidos de detención contra ocho personas vinculadas con la entidad. Durante los procedimientos, seis directivos y responsables quedaron detenidos, mientras que otros dos permanecían prófugos, según los reportes difundidos durante la jornada. Además, la Justicia dispuso el embargo preventivo de bienes y cuentas por hasta 70 millones de dólares y 1,62 billones de guaraníes.
Las repercusiones también alcanzaron a la conducción del Banco Central. En medio de los cuestionamientos por los mecanismos de supervisión, Carlos Carvallo presentó su renuncia a la presidencia del organismo, luego de que Santiago Peña confirmara que había solicitado su salida. En su lugar, Liana Emilce Caballero asumió la conducción interina de la institución. La economista forma parte del Directorio y cuenta con trayectoria dentro de la banca matriz desde 2008.
Por su parte, Peña anunció un acuerdo con las autoridades del Congreso para avanzar con un proyecto de ley que permita utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos para iniciar los pagos a los ahorristas y garantizar la devolución de los fondos públicos, incluidos los del IPS y otras cajas jubilatorias. La iniciativa busca establecer mecanismos para atender a los depositantes mientras continúa el proceso de resolución y las investigaciones sobre las responsabilidades financieras. Así, la crisis de Ueno Bank abrió un proceso que combina la recuperación de los ahorros, el esclarecimiento de las irregularidades y la revisión de los controles sobre el sistema financiero paraguayo.
