La Cámara de Representantes de Misiones sancionó por unanimidad la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, una reforma que amplía el alcance del control externo sobre las empresas y sociedades con participación estatal provincial y municipal. La iniciativa, presentada por el gobernador Hugo Passalacqua, incorpora 16 entidades al régimen de fiscalización y establece nuevas obligaciones de rendición de cuentas.
La nueva normativa, conocida como Ley Passalacqua de Transparencia, busca adecuar los mecanismos de auditoría a la estructura empresarial que desarrolló el Estado misionero durante las últimas décadas. Su entrada en vigencia está prevista para el 1 de enero de 2027.
Tras la aprobación, Passalacqua agradeció a los legisladores de todos los bloques por el acompañamiento y señaló que la reforma permitirá otorgar al Tribunal de Cuentas, de manera explícita, las facultades de control y fiscalización sobre las empresas y sociedades estatales.
“Esto representa un paso fundamental hacia una mayor transparencia y apertura en el manejo del dinero del pueblo misionero, cuya auditoría ahora estará en manos de un órgano de control externo, autónomo e independiente”, expresó el mandatario.
Además, sostuvo: “Seguiremos trabajando en acciones concretas para brindar respuestas a nuestra gente: para quienes asumimos la responsabilidad de gobernar, rendir cuentas a diario es una convicción irrenunciable”.
Qué cambia con la nueva ley
La reforma amplía las competencias del Tribunal de Cuentas sobre entidades que administran recursos públicos, prestan servicios esenciales o desarrollan actividades económicas y productivas vinculadas con el Estado. Hasta ahora, la legislación no contemplaba de manera específica las mismas facultades de fiscalización para estas sociedades que las previstas para otros organismos de la administración pública.
Con el nuevo marco legal, el organismo podrá examinar sus operaciones, revisar la documentación respaldatoria de los gastos y fiscalizar la administración de los recursos. También tendrá atribuciones para realizar auditorías sobre el funcionamiento de las empresas alcanzadas, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes.
Uno de los puntos centrales establece que el Tribunal de Cuentas deberá remitir anualmente a la Cámara de Representantes los resultados de las auditorías. De esta manera, la Legislatura contará con información sobre las fiscalizaciones realizadas y podrá ejercer sus atribuciones de control institucional.
La modificación no implica necesariamente cambios en la estructura societaria ni en las funciones de las empresas, sino que amplía los mecanismos de supervisión sobre entidades que cuentan con participación estatal, independientemente de su figura jurídica.
Las 16 empresas y sociedades alcanzadas
El nuevo esquema comprende entidades de distintos sectores, entre ellos energía, agua, telecomunicaciones, tecnología, industria, producción, financiamiento, servicios y entretenimiento.
La nómina incorporada al régimen de fiscalización incluye:
- Aguas Misioneras Sociedad del Estado.
- Biofábrica Misiones Sociedad Anónima.
- Energía de Misiones Sociedad Anónima.
- Ex Banco Provincia de Misiones, Sociedad de Economía Mixta en liquidación.
- Fiduciaria Misiones Sociedad Anónima Unipersonal.
- Fondo de Créditos Misiones Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria.
- Instituto Provincial del Seguro Sociedad Anónima en liquidación.
- IPLyC Confort, Créditos y Servicios Sociedad del Estado.
- IPLyC Sociedad del Estado.
- Marandú Comunicaciones Sociedad del Estado.
- Mercado Central Sociedad de Economía Mixta.
- MisioPharma Sociedad del Estado.
- Multimedios Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria.
- Parque Industrial Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria.
- Silicon Misiones Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria.
- Sociedad del Conocimiento Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria.
La incorporación de estas entidades busca cubrir un vacío normativo que se generó a partir de la diversificación de las formas jurídicas utilizadas por el Estado para desarrollar actividades económicas y administrar recursos públicos.
La sanción contó con el respaldo de todos los bloques legislativos, incluidos los sectores opositores, que acompañaron la necesidad de ampliar los mecanismos de control sobre las sociedades con participación estatal.
La ley comenzará a regir el 1 de enero de 2027. A partir de esa fecha, el Tribunal de Cuentas tendrá un marco legal explícito para fiscalizar las 16 entidades y deberá informar anualmente a la Cámara de Representantes sobre los resultados de su trabajo.
