La nueva tanda de suspensiones de pensiones no contributivas dispuesta por el Gobierno nacional alcanzó, hasta el momento, a 1.026 personas en Misiones. La medida genera preocupación por las dificultades que enfrentan los beneficiarios para presentar nuevamente la documentación médica y solicitar la rehabilitación de sus ingresos, en un proceso que, según advirtieron desde la Provincia, vuelve a exponer irregularidades administrativas.
La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, explicó que muchas de las personas incluidas en los listados ya habían atravesado auditorías durante el año pasado, pero no pudieron completar los procedimientos por distintos motivos. Entre ellos, mencionó la falta de notificaciones, cartas documento que nunca llegaron a sus destinatarios, documentación presentada en oficinas de Anses que no fue cargada al sistema y correos electrónicos que no pudieron enviarse correctamente.
“Hay una población bastante heterogénea respecto a los motivos por los cuales no habían llegado a presentar la documentación en su momento y hoy están siendo notificadas nuevamente”, sostuvo. en diálogo con LT17 Radio Provincia de Misiones.
Plazos, notificaciones y asistencia en los municipios
Uno de los principales cuestionamientos apunta a los plazos establecidos para presentar la documentación. Antúnez señaló que, mientras la publicación en el Boletín Oficial establecía un período de 60 días, las notificaciones y las comunicaciones oficiales mencionaron 30 días para completar los trámites y solicitar la rehabilitación de las pensiones.
“Estamos viendo una nueva irregularidad en donde no se respeta el debido proceso”, advirtió.
La funcionaria también cuestionó que muchas personas se enteran de su situación a través de los medios de comunicación o de instituciones vinculadas a la discapacidad, sin recibir una notificación oficial que les permita conocer con precisión qué documentación deben presentar y dónde realizar el trámite.
En ese contexto, explicó que la Provincia mantuvo una reunión con los municipios para coordinar la asistencia a quienes aparecen en los listados. Las oficinas de las áreas sociales y de discapacidad estarán disponibles para orientar a los beneficiarios y acompañarlos en la presentación de la documentación.
El trámite puede realizarse de manera virtual, mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), correo electrónico o formularios del Ministerio de Salud, o presencialmente en las oficinas de Pami. Además, se habilitó una consulta por WhatsApp que permite verificar, a partir del DNI, si una persona figura con la pensión suspendida.
Antúnez aclaró que, por el momento, las personas alcanzadas todavía no dejaron de percibir sus ingresos, ya que se encuentran en una instancia administrativa de suspensión y pueden solicitar la rehabilitación del beneficio.
Sin embargo, advirtió que las auditorías continuarán y que podrían incorporarse nuevos beneficiarios a los listados. Por eso, recomendó a quienes todavía no atravesaron el proceso mantener actualizada la documentación médica que acredita la condición por la cual accedieron a la pensión.
“Se vuelven a vulnerar derechos”
Antúnez también vinculó la situación con el debate de la nueva ley de discapacidad, que obtuvo dictamen y será tratada en el Senado. Consideró necesario que la iniciativa avance antes de diciembre, cuando vence la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, y destacó que incorpora disposiciones destinadas a resguardar derechos y establecer garantías en los procedimientos de auditoría.
En particular, mencionó un artículo que establece la obligación de respetar el debido proceso y garantizar condiciones de accesibilidad durante las revisiones.
La presidenta del Consejo Provincial sostuvo que los plazos actuales resultan insuficientes para muchas personas que deben conseguir turnos médicos, realizar estudios y actualizar certificados, especialmente quienes presentan dificultades de movilidad, se encuentran postrados o viven en zonas rurales.
“Se están volviendo a cometer irregularidades, no se respeta el derecho de defensa de las personas y otra vez se vulneran derechos que están garantizados por la Constitución”, afirmó.
Asimismo, remarcó que las pensiones no contributivas no alcanzan únicamente a personas con discapacidad, sino también a adultos mayores, madres de siete hijos y personas trasplantadas, entre otros titulares. En muchos casos, señaló, el beneficio representa el único ingreso económico disponible.
Finalmente, advirtió que la aprobación de una nueva ley no será suficiente si el Gobierno nacional no garantiza su cumplimiento. Recordó que distintas disposiciones de la emergencia en discapacidad ya fueron judicializadas y que persisten incumplimientos vinculados a prestadores y ayudas técnicas.
“Si el Gobierno nacional no tiene voluntad de cumplirla, vamos a volver a este proceso. Se va a volver a judicializar y las personas con discapacidad van a seguir esperando”, concluyó.
