En un escenario geopolítico cruzado por la defensa de los recursos soberanos y las tensiones regionales, la disputa por las Islas Malvinas suma dos frentes simultáneos. Por un lado, la Argentina inició sus exposiciones en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo para frenar las maniobras petroleras del proyecto Sea Lion. Por el otro, en el extremo austral del continente, la reactivación de un corredor comercial marítimo desde Chile encendió alarmas en el Congreso nacional.
Las audiencias en Alemania, donde la comitiva argentina apela al artículo 290 de la Convemar para exigir el cese de exploraciones unilaterales por parte del Reino Unido, coinciden con el inminente arribo a Punta Arenas del buque mercante Danstar. La embarcación, perteneciente a la naviera armadora Easter Island Logistics, prevé cargar abarrotes, frutas y verduras hacia el archipiélago, restableciendo un canal directo suspendido desde 2011.
El trayecto de la nave, demorado temporalmente en Puerto Montt debido a ráfagas de viento de hasta 127 km/h, reabrió el debate sobre el apoyo logístico regional a la ocupación colonial. Frente a esto, la diputada nacional Agustina Propato ingresó un proyecto de ley para tipificar que el tránsito de buques con destino u origen en Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur no constituye “paso inocente”, abarcando a cualquier navío involucrado en tareas logísticas, comerciales o extractivas en la zona en disputa.
Del lado chileno, no obstante, las autoridades locales le restaron dramatismo diplomático a la maniobra. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, respaldó la operación del Danstar (con capacidad para 1.400 toneladas) tras señalar la importancia económica de retomar la conectividad marítima por el Estrecho de Magallanes, descartando posibles roces con la Casa Rosada.
De este modo, el tablero por la causa Malvinas combina la batalla jurídica internacional en los tribunales europeos con la fiscalización de las rutas de abastecimiento y comercio en el Atlántico Sur.
