La defensa de Pity Álvarez dará sus alegatos de cierre este viernes en el juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, el hombre asesinado en julio de 2018 en Villa Lugano.
Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro buscarán refutar los argumentos del fiscal federal Sandro Abraldes, que pidió una pena de 18 años y 6 meses de prisión para el cantante por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
La audiencia comenzará a las 11:30 en el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires y estará integrado por los jueces Hugo Navarro, Alejo Ramos Padilla y Gustavo Goerner.
Aunque en la audiencia previa solo participaron los abogados del cantante, se espera que esta vez Álvarez participe por Zoom. Al finalizar la misma, el tribunal detallará el horario de la última jornada, prevista para el 20 de noviembre, en la que se conocerá el veredicto.
Los argumentos de la Fiscalía al pedido de la pena de 18 años y 6 meses de prisión para Pity Álvarez
El fiscal Abraldes expresó que el imputado “tuvo una escasa significación por la vida” de la víctima y consignó que comprendía la criminalidad de sus actos y precisó que “jugó a ser Dios” porque “se pudrió de Díaz y decidió que no debía vivir más”, al sostener que actuó con desprecio frente al damnificado.
Sobre el momento del asesinato, el fiscal sostuvo que, cuando ambos se encontraron, el músico ya estaba armado y que había decidido llevar un arma con la intención de utilizarla.
También señaló que Álvarez no estaba inscripto como legítimo usuario de armas de fuego, según un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). “Resolvió por sí mismo que podía salir armado”, cuestionó, y recordó que para tener un arma se necesita autorización estatal.
El pedido de la querella
Durante el alegato de la querella del viernes pasado, el abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando, solicitó una pena de 11 años y 2 meses contra el cantante por la misma imputación endilgada por el fiscal.
Améndola sostuvo que el músico comprendía sus acciones al momento del ataque y descartó que hubiera actuado en legítima defensa.
El letrado requirió que esa sentencia sea cumplida bajo la modalidad del arresto domiciliario y requirió que Álvarez realice salidas laborales con el objetivo de reparar el daño de los particulares damnificados.
