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Caso Ueno Bank: acusan a Santiago Peña de integrar una estructura criminal dentro del Estado paraguayo

La Fiscalía paraguaya incorporó el delito de asociación criminal a la investigación que involucra al expresidente y a exautoridades del Banco Central. En la acusación, sostiene que existió una estructura dentro del Estado para favorecer los intereses del Grupo Vázquez/Ueno Bank y señala a Peña como presunto jefe.

La Fiscalía de Paraguay amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank e incorporó el presunto delito de asociación criminal. La nueva acusación también alcanza al ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, y al superintendente de Bancos, Holderg Aníbal Insfrán Ibarrola. La investigación busca determinar si desde distintos espacios del organismo regulador se favorecieron los intereses del grupo empresarial vinculado a la entidad financiera.

La ampliación se suma a otros hechos que ya formaban parte de la causa, entre ellos presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. En paralelo, el Ministerio Público presentó imputaciones contra otros tres exintegrantes del directorio del BCP: Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, quienes fueron detenidos durante los procedimientos realizados este viernes.

La Fiscalía señala a Peña como presunto jefe de una estructura

En el escrito fiscal se describe el funcionamiento de una supuesta organización dentro del aparato estatal, con una estructura jerárquica y división de tareas. Según la hipótesis de los investigadores, sus integrantes habrían utilizado sus cargos públicos para subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez/Ueno Bank.

La acusación ubica a Peña como presunto jefe de esa estructura y sostiene que habría intervenido en la designación y permanencia de funcionarios con vínculos de confianza o antecedentes corporativos relacionados con el grupo empresarial. Entre ellos menciona a Carvallo, quien anteriormente presidió Financiera Ueno, además de Insfrán y los integrantes del directorio del organismo regulador.

Otro de los puntos expuestos por la Fiscalía refiere a supuestas reuniones periódicas y clandestinas entre Peña y Miguel Vázquez, presidente de Ueno Bank, en la residencia presidencial Mburuvicha Róga. De acuerdo con la imputación, esos encuentros habrían servido para coordinar las necesidades de la entidad financiera. También se atribuye al exmandatario la emisión de directivas para evitar intervenciones sobre el banco y el freno público a las advertencias sobre su situación financiera.

La hipótesis fiscal sostiene que los funcionarios involucrados habrían cumplido distintas funciones para garantizar el respaldo institucional y la continuidad de las operaciones del grupo empresarial. Sin embargo, se trata de acusaciones que deberán ser examinadas durante el proceso judicial y cuya responsabilidad deberá determinar la Justicia.

Allanamientos y elementos secuestrados en la causa

En el marco de los procedimientos realizados este viernes, las autoridades allanaron las viviendas de los exdirectivos del Banco Central Liana Emilce Caballero Krauze, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González Maldonado. Durante los operativos se incautaron equipos electrónicos y documentación que será sometida a análisis como parte de la investigación.

Entre los elementos secuestrados también se encontraron tres certificados de depósitos de ahorro (CDA) de Ueno Bank por montos considerados relevantes. La Fiscalía busca establecer si estos documentos y los demás elementos incorporados a la causa aportan información sobre las presuntas operaciones investigadas y los vínculos entre los funcionarios y el grupo financiero.

La ampliación de la imputación representa un nuevo avance en una investigación que involucra a la cúpula política y a exautoridades del organismo encargado de regular el sistema financiero paraguayo. Con la incorporación del delito de asociación criminal, el Ministerio Público amplía la hipótesis sobre el alcance de las maniobras y las posibles responsabilidades de quienes habrían intervenido en ellas.

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