La reciente decisión del Gobierno nacional de incorporar la Ruta Nacional 14 a la Red Federal de Concesiones generó una profunda preocupación en el sector productivo y comercial de Misiones. La medida, formalizada a través del Decreto 1358/2026, habilita la administración privada de la traza y el futuro cobro de peajes.
Ante este escenario, desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) advirtieron que la medida no garantizará las obras estructurales necesarias para el corredor. El coordinador nacional de la entidad, Ricardo Lasca, sostuvo que debido al bajo volumen de tránsito que caracteriza a la traza, la recaudación por peaje resultará insuficiente para encarar trabajos de gran envergadura.
El especialista calificó el proyecto como un mero “maquillaje” vial y señaló que los fondos recaudados apenas permitirán tareas menores de conservación. Asimismo, remarcó que las cifras no alcanzan para concretar transformaciones profundas como la construcción de autovías o autopistas que reduzcan los riesgos de choques frontales y bajen de forma real los costos logísticos.
Un traslado directo a los precios y al bolsillo de los consumidores
El impacto económico de la medida encendió luces amarilla en las economías regionales, ya que la Ruta 14 constituye una arteria vertebral para el transporte de la producción yerbatera, tealera, forestoindustrial y de la agricultura familiar en Misiones.
Lasca advirtió que el peso de los nuevos peajes no recaerá exclusivamente sobre los transportistas directos, sino que se filtrará inevitablemente en la estructura de costos de toda la cadena de comercialización. De este modo, los gastos adicionales se trasladarán al valor final de los alimentos, los bienes de consumo masivo y los servicios de pasajeros.
En la misma línea, el referente de Conaduv calificó al esquema como un “impuesto al tránsito” y denunció una doble imposición fiscal. Recordó que los usuarios ya contribuyen al mantenimiento de la infraestructura vial a través de los impuestos específicos que gravan los combustibles.
Finalmente, desde la entidad cuestionaron la falta de una política integral de transporte terrestre y reclamaron que las autoridades nacionales abran instancias de participación ciudadana. Sostienen que antes de avanzar con nuevas estaciones de cobro se deberían convocar audiencias públicas para escuchar las demandas de los gobiernos locales, los sectores productivos y los usuarios afectados.
