El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, fijó como prioridad de su Gobierno “garantizar la estabilidad del país, recuperar la confianza y dar respuestas concretas y rápidas a las necesidades” de la población. El mandatario pronunció estas palabras este lunes en su primer discurso a la nación tras su jura en el cargo el pasado 6 de noviembre.
En su alocución, el jefe de Estado incluyó entre las urgencias de su administración la atención a los ciudadanos afectados por la intervención de Ueno Bank. Asimismo, ofreció a la Fiscalía “todos los recursos” para el esclarecimiento de los hechos vinculados con la entidad financiera, una crisis que provocó la salida del expresidente Santiago Peña.
“Desde la Presidencia ponemos a disposición de la Fiscalía General del Estado todos los recursos que legalmente podamos gestionar para esclarecer lo ocurrido y asegurar que los responsables tengan consecuencias de sus actos”, manifestó el gobernante durante su mensaje oficial.

“Los paraguayos merecemos saber la verdad”, apuntó Alliana en referencia a la investigación judicial sobre el colapso de la entidad. El actual presidente, integrante del Partido Colorado y exvicepresidente, asumió la jefatura del Estado el 6 de noviembre, pocas horas después de la destitución de Peña por “mal desempeño de funciones”.
La remoción del exmandatario ocurrió tras un juicio político originado por la intervención de Ueno Bank. El banco contaba con unos 2,94 millones de clientes y recibió millonarios fondos estatales en sus arcas durante la administración de Peña.
El impacto financiero y las respuestas para ahorristas y jubilados
Durante su discurso, Alliana reconoció el alcance social de la crisis financiera y sostuvo que “son tiempos que exigen firmeza, transparencia y respeto por nuestras instituciones”. El presidente admitió que el cierre de Ueno Bank “ha golpeado profundamente a numerosas familias paraguayas”, quienes sufrieron la afectación de “sus ahorros, su tranquilidad y la confianza en un sistema financiero”.
No obstante, el mandatario defendió la celeridad de la respuesta oficial frente a la emergencia bancaria. En ese sentido, afirmó que “más de 1.800.000 personas ahorristas ya recibieron pagos de hasta 40 salarios mínimos – unos 121.760.000 guaraníes (unos 19.600 dólares)- mediante desembolso de aproximadamente 640.000.000 de dólares del Fondo de Garantía del Banco Central”.
También destacó la identificación preliminar de “activos sanos por aproximadamente 600 millones de dólares”. Según indicó el jefe de Estado, esos recursos podrían destinarse a cubrir los fondos pensionales congelados en el banco, entidad que administraba dinero de cinco cajas de jubilaciones, incluido el Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de la salud y las pensiones de la mayoría de los trabajadores privados del país.
En ese contexto, el presidente confirmó que alrededor de 32.000 jubilados con cuentas en Ueno Bank cobrarán “sus haberes y aguinaldo” durante los días 16 y 17 de noviembre.
Recorte del gasto público y medidas de alivio económico
En otro tramo de su presentación, Alliana abordó las modificaciones ordenadas en su gabinete de ministros y la política fiscal de su gestión. El gobernante detalló el recorte de los “gastos superfluos” en el proyecto de presupuesto para 2027, una reducción estimada en unos 1.000 millones de dólares.
El Ejecutivo anunció además otras disposiciones destinadas a contener el impacto económico en los hogares paraguayos. Entre ellas figuran la suspensión de los cortes del servicio eléctrico para los deudores de la estatal Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
De igual modo, el Gobierno dispuso la reducción en los precios de la gasolina y el diésel en toda la red de estaciones de servicio de la empresa oficial Petróleos Paraguayos (Petropar).
Finalmente, el mandatario, quien completará el actual período constitucional hasta agosto de 2028, reconoció las limitaciones inmediatas de su plan de emergencia. Alliana confesó que “estas primeras decisiones no resuelven todos los problemas del país”, pero reafirmó su deber de “fortalecer las instituciones, administrar correctamente los recursos públicos y garantizar que el Estado cumpla con sus funciones”.
Con información de Efe

