La producción tabacalera de siete provincias volvió a plantear sus reclamos ante el Congreso y el Gobierno nacional. Este martes 17 de noviembre, más de un centenar de productores, legisladores, dirigentes sindicales y funcionarios participaron de la Jornada Federal de la Producción Tabacalera, realizada en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), en Buenos Aires.
El encuentro, convocado junto a la Federación Argentina de Productores Tabacaleros (FAPT), reunió a representantes de Misiones, Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Corrientes y Chaco. Durante la jornada, coincidieron en la necesidad de actualizar las normas que regulan la actividad, mejorar la fiscalización y garantizar los recursos destinados al sostenimiento de los productores.
Uno de los principales planteos estuvo vinculado con el financiamiento del Fondo Especial del Tabaco, que enfrenta dificultades ante el crecimiento de nuevas manufacturas que, según advirtieron, operan por fuera de los esquemas tributarios tradicionales. Esta situación afecta los recursos del sector y también tiene consecuencias sobre la recaudación y la coparticipación federal.
Una ley para incorporar nuevas manufacturas y controles con códigos QR
Entre las iniciativas presentadas, el senador provincial y dirigente de la Cámara del Tabaco de Salta, Enrique Cornejo, explicó los alcances de un proyecto de ley que propone incorporar expresamente las nuevas manufacturas de tabaco al régimen de Impuestos Internos y al Fondo Especial del Tabaco.
La propuesta apunta a cerrar vacíos normativos y establecer condiciones tributarias para los nuevos productos que ingresaron al mercado.
Por otra parte, el secretario de la Cámara del Tabaco de Salta, Lucio Manuel Paz Posse, presentó una iniciativa ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para implementar códigos QR en los sistemas de fiscalización y comercialización.
La herramienta permitiría fortalecer la trazabilidad de los productos, mejorar los controles sobre la cadena comercial y detectar posibles maniobras de evasión. El objetivo es garantizar que los tributos correspondientes lleguen a las arcas nacionales, provinciales y al fondo que sostiene a los productores.
El análisis también incluyó el impacto económico y territorial de estas medidas, con la exposición del economista especializado en desarrollo regional e institucional Pablo Sívori.
Respaldo político y reclamo por fondos adeudados
La jornada contó con representantes de distintos espacios políticos y jurisdicciones. Entre ellos estuvieron el senador nacional Ezequiel Atauche y las diputadas nacionales Victoria Tolosa Paz, Yolanda Vega y María Inés Zigarán. También participaron legisladores provinciales, entre ellos los diputados misioneros Cacho Bárbaro y Cristian Castro.
Además, asistieron representantes sindicales, asesores parlamentarios y delegados de organismos nacionales vinculados con la auditoría, la legalidad y el control, como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Procuración General de la Nación y el Ministerio de Seguridad.
En el documento de consensos, los representantes de las siete provincias pusieron especial énfasis en el cumplimiento de las obligaciones del Estado nacional. Reclamaron que se utilicen las herramientas jurídicas y de fiscalización disponibles para determinar y cobrar los aportes adeudados, hacer cumplir la normativa vigente y ejecutar las sentencias judiciales firmes.
El planteo busca garantizar previsibilidad para una actividad que tiene un peso central en las economías regionales y en el sostenimiento del empleo rural, especialmente en las provincias productoras como Misiones.

