La crisis yerbatera ya no se limita a la caída del precio de la hoja verde. El endeudamiento, los atrasos en los pagos y la incertidumbre sobre los ingresos amenazan la continuidad de las chacras y golpean a las familias rurales. En este contexto, cinco organizaciones de productores presentaron este martes ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) un informe técnico de 110 páginas para reclamar que se frene el avance de un proyecto del Gobierno nacional que propone eliminar 21 resoluciones del organismo. Los productores advierten que una nueva pérdida de facultades regulatorias profundizaría el desequilibrio en la cadena yerbatera.
El deterioro económico también comienza a mostrar consecuencias sociales. Según el productor Luis Andrusyszyn, la crisis excede la discusión por el valor de la materia prima: “Ya no es un problema de precio, es un problema social, el quebranto de la familia”, afirmó en diálogo con medios locales.

Según relató, numerosos productores atraviesan una situación crítica, sin certezas sobre cuánto cobrarán por la yerba entregada ni cuándo recibirán el dinero. Incluso mencionó casos de establecimientos que todavía tienen pendiente el pago de la producción del año pasado, mientras comienza una nueva etapa de recolección.
“Los productores no saben ni a cuánto ni cuándo van a cobrar”, advirtió. Además, cuestionó que, mientras la yerba mate gana promoción y presencia en los mercados internacionales, quienes sostienen la producción en las chacras enfrentan cada vez más dificultades económicas.
Una crisis que golpea a las chacras y a las familias
Detrás de la presentación ante el Inym aparece una preocupación compartida por las entidades del sector primario. El proyecto de reordenamiento normativo impulsado desde la Nación propone dejar sin efecto 21 resoluciones del Instituto y reemplazarlas por un nuevo instrumento regulatorio.
El documento reúne los argumentos de cinco organizaciones, donde participan la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), Impulso Yerbatero, la Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay (Ayau), Productores Yerbateros del Norte (Pyn) y el Movimiento Agrario de Misiones (Mam).

El informe examina las posibles consecuencias de eliminar disposiciones vinculadas con registros, trazabilidad, fiscalización, calidad de la materia prima y condiciones de cosecha y comercialización. Uno de los principales temores es que desaparezcan herramientas para acreditar los kilos de hoja verde que reciben los secaderos y controlar las operaciones entre los distintos eslabones de la actividad.
Andrusyszyn también cuestionó la posibilidad de trasladar controles al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Considera que el organismo no cuenta con la capacidad necesaria para asumir todas las tareas que actualmente corresponden al Inym.
“Quieren pasar todo el control a Senasa, y tengo entendido que no tiene la capacidad para controlar la calidad del producto”, afirmó. También advirtió sobre las consecuencias que podrían tener los cambios en los controles de elaboración, composición y etiquetado de los paquetes de yerba mate.
De $400 a $180 por kilo y una cadena que pierde equilibrio
La discusión normativa se desarrolla en un contexto de fuerte deterioro de los ingresos rurales. Desde la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, Hugo Sand, recordó que durante 2023 los agricultores cobraban alrededor de $400 por kilo de hoja verde, mientras que al comenzar la cosecha de otoño de 2024 el valor había descendido a $180.
El dirigente calculó que una diferencia de $200 por kilo, aplicada sobre un volumen cercano a los mil millones de kilos, representa unos $200 mil millones que dejaron de ingresar al sector productivo. Se trata de una estimación de Sand, basada en esos valores y volúmenes, y no de una medición contable de pérdidas verificadas.

Sand mencionó entregas de yerba realizadas en agosto de 2026 a $300 por kilo, con cheques cuyo vencimiento se extendía hasta el 15 de enero de 2027. De esta manera, los productores deben afrontar los gastos de sus explotaciones mientras esperan durante meses cobrar por la materia prima que ya entregaron.
“Están entregando al 50% de lo que vale su materia prima”
El director del Inym en representación de la producción, Carlos Ferreyra, también describió un escenario de fuerte desigualdad entre los distintos actores de la cadena. “Los productores están siendo explotados hoy por hoy porque están entregando al 50% de lo que vale su materia prima”, sostuvo.
Además, alertó sobre las consecuencias laborales y familiares de la crisis, con trabajadores rurales que emigran hacia otros países en busca de oportunidades. “Los tareferos migrando a otro país. Generalmente se hace eso cuando estamos en guerra y nosotros no estamos en guerra. Entonces, es muy grave lo que está pasando”, expresó.
Las organizaciones consideran que eliminar las 21 resoluciones podría reducir todavía más la capacidad del Instituto para intervenir en una actividad marcada por las diferencias de poder entre productores, secaderos e industrias.
Ferreyra explicó que la presentación busca una respuesta del directorio y cuestionó que, en lugar de recuperar atribuciones, el organismo avance en una mayor transferencia de responsabilidades. “Deberíamos estar viendo cuáles son las facultades que nos devuelvan, en vez de derivar aún más a otros, porque no viene solucionándose el tema”, planteó.
Sand, por su parte, apuntó directamente contra la conducción del Instituto y las políticas del presidente Javier Milei. También cuestionó al presidente del Inym, Rodrigo Correa, y a representantes del sector productivo que, según su interpretación, acompañaron decisiones que debilitaron las herramientas de regulación.
“Básicamente le estamos pidiendo al directorio del Instituto que no castre más a la ley yerbatera. Suficiente daño han hecho las políticas de Javier Milei implementadas en el Instituto por Correa”, manifestó.
El pedido para suspender la eliminación de 21 normas del sector
El conflicto se inscribe en el proceso de desregulación iniciado con el DNU 70/2023 y profundizado por el Decreto 812/2025, que estableció restricciones a la posibilidad de que el Inym dicte normas que interfieran en la formación de precios y en la relación entre oferta y demanda.
Mientras el Gobierno nacional defiende la reducción de regulaciones como una forma de promover la competencia y concentrar las funciones del Instituto en la calidad y la promoción de la yerba mate, las asociaciones sostienen que esas herramientas resultan fundamentales para proteger a los productores de menor escala.
Ahora, el directorio del Inym deberá responder al planteo de las entidades y definir su posición frente al reordenamiento normativo. La discusión ya no pasa solamente por conservar o eliminar resoluciones, sino por determinar qué capacidad tendrá el organismo para controlar la actividad mientras las chacras enfrentan problemas de rentabilidad, financiamiento y continuidad productiva.

