El Senado de la Nación inició este miércoles, pasadas las 11, una sesión en la que la Ley de Discapacidad concentra la atención del debate. El proyecto busca obtener sanción definitiva y cuenta con respaldo de distintos sectores políticos, ya que conserva los principales lineamientos de la emergencia vigente, que vence en diciembre, pero establece un sistema de carácter permanente.
La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, reproduce prácticamente el esquema de beneficios contemplado en la Ley 27.793, aunque elimina su condición de emergencia y transitoriedad. De esta manera, apunta a garantizar la continuidad de las prestaciones y los derechos reconocidos, independientemente de los cambios de gobierno.
Entre sus principales disposiciones, establece la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desarrollo de un empleo formal o la inscripción en el monotributo. Para acceder a esta posibilidad, los ingresos no deberán superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles. La medida alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, el proyecto conserva el principio de nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En materia sanitaria, garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para las personas que perciban la pensión por discapacidad. También incorpora una previsión presupuestaria para que la asignación de recursos del Ministerio de Salud no sea inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
Auditorías y compensaciones a prestadores
Otro de los aspectos contemplados es la implementación de auditorías periódicas para controlar el funcionamiento del sistema. Para ello, se prevé el cruce de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
El mecanismo deberá respetar el principio del debido proceso inclusivo, con garantías para las personas alcanzadas por los controles.
Por otra parte, a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores. También fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley una vez sancionada.
Otros proyectos en el temario
Además de la Ley de Discapacidad, la sesión contempla el tratamiento de otros proyectos. Entre ellos se encuentran la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, la iniciativa para restablecer la Ley de Tierras y la denominada Ley Joaquín.
De esta manera, la Cámara alta tendrá una jornada con varios temas de relevancia legislativa, aunque la discusión sobre el futuro del sistema de prestaciones y derechos de las personas con discapacidad constituye el eje central del debate.

