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La Corte Suprema restituyó el control estatal sobre los aumentos de las prepagas

El máximo tribunal cuestionó la falta de justificación del decreto y ordenó restituir las facultades estatales para fiscalizar los aumentos de medicina prepaga.

La Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que eliminaron las facultades estatales para controlar las cuotas de medicina prepaga. El máximo tribunal consideró que el Gobierno no justificó las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para dictar decretos de necesidad y urgencia.

La decisión surgió de un amparo que una afiliada, identificada como MB, presentó contra Swiss Medical SA. Según expuso, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, su plan SM02 pasó de $136.161,21 a $301.218,02, una suba del 110%. También sostuvo que, bajo el régimen anterior, el incremento de enero de 2024 habría sido del 6,26%.

En primera instancia, la Justicia rechazó el reclamo. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró inconstitucionales los artículos cuestionados y limitó los aumentos al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los motivos de la Corte Suprema sobre los controles a los aumentos de las prepagas

Al revisar el caso, los jueces recordaron que la Constitución permite al Ejecutivo legislar mediante decretos únicamente bajo condiciones de “rigurosa excepcionalidad”. Para ello, debe existir una situación que impida acudir al Congreso o una urgencia incompatible con los tiempos legislativos.

La Corte entendió que el decreto no explicó por qué necesitaba eliminar los controles estatales. “De la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la ley 26.682”, señalaron los jueces.

Los magistrados también cuestionaron la falta de un vínculo entre la emergencia económica y social invocada y la eliminación de las facultades estatales. “El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.

Los artículos anulados habían quitado a la autoridad de aplicación la posibilidad de revisar las cuotas y fiscalizar su razonabilidad. Antes, las empresas debían fundamentar los aumentos según sus costos y un cálculo actuarial de riesgos, además de obtener autorización estatal.

Por eso, la Corte confirmó parcialmente la sentencia de la Cámara, pero revocó el límite que vinculaba los aumentos con el IPC. Ordenó que la autoridad de aplicación recupere las facultades de control previstas en la ley 26.682 y que el tribunal de origen dicte un nuevo pronunciamiento.

El máximo tribunal aclaró que su decisión alcanza únicamente a los artículos 267 y 269 y no define la constitucionalidad de los demás puntos del DNU 70/2023. También sostuvo que el tratamiento legislativo pendiente no impide el control judicial de sus efectos.

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