El Senado sancionó esta tarde la nueva ley de discapacidad con 71 votos a favor y ninguno en contra. La norma deja atrás el esquema de emergencia que vence a fin de año y conserva los principales puntos del sistema actual que el Gobierno acordó con la oposición durante el debate en Diputados.
El texto ratifica las pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y establece el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder al beneficio. También mantiene el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.

Uno de los puntos centrales es la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal. De esta manera, las personas con CUD podrán conservar el beneficio si trabajan de manera registrada o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La ley también garantiza el acceso al Programa Incluir Salud para los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad. A su vez, contempla partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud para financiar el sistema y compensaciones del Tesoro si esos recursos resultan insuficientes.
En materia de actualización, la norma establece que el Gobierno deberá garantizar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior. Además, incorpora mecanismos de control más estrictos sobre el otorgamiento y la continuidad de las prestaciones.
Auditorías y controles sobre los beneficios
La Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de información con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS. Ante un incumplimiento objetivo, podrá suspender preventivamente un beneficio, aunque deberá respetar un debido proceso inclusivo, con notificación y posibilidad de rehabilitación provisoria.
Por último, la ley establece un mecanismo para regularizar las deudas pendientes con prestadores al momento de su sanción. En esos casos, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los montos adeudados en un plazo máximo de 90 días.

