El intendente de Melincué, Silvio Garbolino, enfrenta una causa judicial por una presunta estafa que supera los 300 millones de pesos contra una mutual y varios ahorristas del sur de Santa Fe. La investigación apunta a una serie de maniobras financieras que habrían incluido la adulteración de cheques, préstamos tramitados sin autorización y movimientos de fondos pertenecientes a productores agropecuarios y comerciantes. Mientras avanza el proceso, la Fiscalía negocia con el acusado una salida mediante un juicio abreviado.
El caso tomó relevancia también por el recorrido político del jefe comunal. Garbolino ganó cuatro elecciones en esa localidad de alrededor de 2.500 habitantes: las primeras tres como aliado del radicalismo y la última, en junio de 2025, con el sello de La Libertad Avanza. Según la publicación de La Política Online, salió de prisión bajo fianza apenas tres días antes de esos comicios.
Las maniobras investigadas y el origen de las denuncias
La causa se remonta a los años en que Garbolino estaba al frente de la comuna y acudía a la Asociación Mutual de la Familia del Calzado (Amfac) para cambiar cheques de la administración. De acuerdo con el relato de la abogada de la entidad, Jacki Luchessi, los primeros inconvenientes aparecieron a fines de 2023, cuando comenzaron a rechazarse algunos de esos documentos. En enero de 2024, Garbolino renunció a la conducción comunal.
Sin embargo, después de dejar el cargo, continuó vinculado a la mutual y comenzó a comercializar seguros y préstamos en la sucursal de San Gregorio, una localidad cercana. La situación volvió a complicarse a comienzos de 2025, cuando el Banco Coinag alertó sobre cheques presuntamente adulterados. A partir de allí, las revisiones internas detectaron operaciones que despertaron sospechas entre los integrantes de la entidad.
Entre las irregularidades denunciadas, algunos socios desconocieron las firmas que figuraban en cheques emitidos a sus nombres, mientras que otros descubrieron que aparecían como titulares de préstamos que aseguraron no haber solicitado. La abogada estimó que las operaciones cuestionadas en San Gregorio alcanzaban unos 170 millones de pesos. En Firmat, la mutual presentó otra denuncia por un monto similar, vinculada con cheques que llegaron al cobro pese a tener orden de no pagar.
Durante la campaña electoral también se sumó la denuncia de un vecino que aseguró haberle prestado a Garbolino tres cheques de 500 mil pesos cada uno. Sin embargo, cuando la Fiscalía los secuestró en una mutual de Alcorta, los documentos registraban un valor de 29,5 millones de pesos cada uno. Frente a las acusaciones, el intendente sostuvo que era víctima de una persecución política.
La negociación judicial y el futuro político del intendente
Actualmente, la Fiscalía negocia con Garbolino un juicio abreviado que contempla una pena de tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esa alternativa evitaría que cumpla una condena efectiva en prisión, aunque su concreción depende de que avance el acuerdo judicial. Desde la mutual, además, señalaron que hasta el momento no encontraron bienes a nombre del acusado para recuperar el dinero reclamado.
La posibilidad de cerrar la causa mediante un acuerdo genera cuestionamientos por parte de la representación legal de la entidad. Luchessi sostuvo que una condena de esas características sería insuficiente frente al perjuicio denunciado y advirtió sobre el mensaje que podría dejar en otros casos de fraude financiero. Mientras tanto, Garbolino conserva su lugar en la política local, luego de haber obtenido su cuarto triunfo electoral en 2025 bajo el sello de La Libertad Avanza.

