Misiones quedó habilitada para emitir su propio Bono Verde luego de obtener una certificación internacional que validó la reducción de 13,1 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Ese reconocimiento abre la posibilidad de generar ingresos a partir de la conservación de los bosques nativos y la protección de la selva misionera.
La certificación fue otorgada por el sistema internacional Verra, que acreditó los resultados alcanzados por la provincia en materia de reducción de la deforestación. El organismo validó que el cuidado de los bosques locales evitó la emisión de más de 13 millones de toneladas de dióxido de carbono entre los años 2017 y 2022. Con ese respaldo, el Gobierno provincial avanza en la preparación de un instrumento financiero destinado al mercado de créditos ambientales. El Programa Jurisdiccional JNR REDD+ encuadra este proceso de medición bajo los máximos estándares globales. La Secretaría de Cambio Climático y el Ministerio de Ecología de la provincia coordinan esta labor articulada.
Este mecanismo surge a partir del reconocimiento a las políticas de protección de la Selva Paranaense. El territorio provincial custodia uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad de América del Sur.
La selva misionera absorbe de forma constante el dióxido de carbono de la atmósfera y libera oxígeno. Este aporte ecosistémico posee un valor económico concreto en la nueva economía climática global.
Los bonos verdes funcionan como herramientas vinculadas a proyectos de sostenibilidad. En el caso de Misiones, el valor económico surge de demostrar que sus bosques capturan carbono y evitan emisiones que, de otra manera, llegarían a la atmósfera.
Esa capacidad ambiental puede transformarse en créditos negociables que adquieren empresas, organismos internacionales y fondos de inversión. La finalidad es compensar parte de sus emisiones o financiar acciones relacionadas con la lucha contra el cambio climático.
Bono Verde: el destino de los fondos captados
La iniciativa busca que una parte de los recursos obtenidos regrese a la provincia para fortalecer políticas de conservación, control ambiental y desarrollo sustentable. También contempla inversiones en monitoreo satelital, infraestructura, producción sustentable y nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de los recursos naturales.
Además, el esquema apunta a convertir en una herramienta económica un planteo histórico de Misiones. La provincia sostiene desde hace años que protege una porción significativa de la biodiversidad argentina y una de las mayores extensiones remanentes de Selva Atlántica sin recibir una compensación proporcional por ese aporte ambiental.
La certificación y la futura emisión del Bono Verde aparecen como el mecanismo más concreto para monetizar esos servicios ecosistémicos. De esta manera, la conservación de los bosques deja de ser únicamente una política ambiental y pasa a incorporarse como un activo con valor económico reconocido internacionalmente.
Si el proceso avanza según lo previsto, Misiones podría posicionarse entre las primeras jurisdicciones de América Latina en combinar certificación internacional, aval nacional y emisión de instrumentos financieros sustentados en la preservación de bosques nativos. El proyecto busca consolidar un modelo en el que la protección ambiental también genere oportunidades de desarrollo y financiamiento.
