Organizaciones representantes de personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector llevan adelante un cese de actividades y una marcha masiva frente al Ministerio de Salud de la Nación en rechazo al nuevo proyecto de ley enviado por el gobierno nacional al Congreso. La movilización tuvo también por objetivo reclamar por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad vigente.
La protesta generó el corte de la avenida 9 de Julio y afectó también la circulación por las calles Belgrano y Salta en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el tránsito en los alrededores continuó con normalidad durante las primeras horas, desde las organizaciones convocantes advirtieron que la situación podía complicarse con el correr de la jornada. Las protestas también se replicaron en ciudades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Corrientes entre otras.
Un proyecto que “estigmatiza” al sector
Desde el Foro Permanente Discapacidad, que reúne a distintas organizaciones del sector, explicaron que la iniciativa oficial modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Según señalaron, bajo el argumento de combatir irregularidades en pensiones mal otorgadas, el proyecto pone en riesgo el funcionamiento de todo el sistema.
“Esta iniciativa instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema”, indicaron desde el Foro en un comunicado. Las organizaciones subrayaron que el sistema ya enfrenta atraso en los aranceles, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo, problemas que el proyecto no resuelve.
“Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis. Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos”, expresaron desde el Foro Permanente Discapacidad. En esa misma línea, la movilización incluyó reclamos concretos: actualización urgente de los aranceles, pagos mensuales regulares y la cancelación de la deuda acumulada con los prestadores.
Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, fue categórico en su rechazo a la iniciativa oficial. “Este proyecto es un engaño. Se presenta como una ley contra el fraude, pero en realidad es una excusa para ajustar a las personas con discapacidad”, afirmó en diálogo con Urbana Play.
Goldman también sostuvo que el Gobierno “sigue insistiendo con el relato de las pensiones truchas”, aunque subrayó que no hubo presentación de pruebas concretas para justificar la reforma. Además, alertó sobre modificaciones en el nomenclador nacional, el instrumento que fija el valor de las prestaciones brindadas por instituciones y asociaciones en todo el país.
La amenaza al nomenclador nacional
“Lo que no dicen es que están metiendo mano en el corazón del sistema, que es el Nomenclador nacional. Eso va a hacer que cada institución tenga que negociar como pueda los aranceles con cada prepaga u obra social”, advirtió Goldman. La eliminación del nomenclador implicaría, según los especialistas, una desregulación que nivelaría la calidad de atención hacia abajo.
Marcela Krizkovich, referente nacional de discapacidad con 30 años de trayectoria en el sector, calificó el proyecto como un “atentado” contra la Ley de Emergencia vigente. “Nunca en mi vida vi una gestión con tanta crueldad y falta de humanización”, sentenció en diálogo con el programa “O sea… digamos”.
Krizkovich explicó que el proyecto, titulado “contra el fraude”, impone un reempadronamiento masivo con capacidad de colapsar el sistema. “Están poniendo a todos en la misma bolsa. No estamos en contra de las auditorías, pero esto va a traer una masa de bajas terrible porque no todos pueden costear estudios médicos de alto costo”, alertó la especialista.
Los costos que las familias no pueden afrontar
Para dimensionar el impacto real de una eventual pérdida de cobertura, Krizkovich enumeró los valores actuales de los tratamientos sin financiamiento: los medicamentos específicos tienen un costo de entre 700 y 800 mil pesos, el módulo de maestra integradora asciende a 434.421,88 pesos y el total de tratamientos interdisciplinarios puede superar el millón y medio de pesos mensuales para una familia.
“¿Qué padre puede pagar eso? Las obras sociales ya no aceptan a personas con discapacidad porque las consideran un gasto”, denunció Krizkovich. La referente también cuestionó la posible eliminación del nomenclador nacional, ya que habilitaría a cada obra social a fijar montos de manera arbitraria.
La protesta no se circunscribió a la Ciudad de Buenos Aires. Las movilizaciones tuvieron réplica en varias provincias del país, entre ellas Corrientes, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y San Juan, lo que evidenció el alcance nacional del rechazo al proyecto oficial.
Las organizaciones movilizadas sostienen que garantizar la continuidad de las prestaciones es también garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Desde el Foro Permanente Discapacidad ratificaron que la presión sobre el Congreso continuará mientras el proyecto no sea retirado y los aranceles no reciban una actualización urgente.
