El juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia decretó la prisión preventiva para seis exdirectivos de Ueno Bank, durante la audiencia de imposición de medidas realizada en el Palacio de Justicia. La causa involucra a ocho exmiembros del directorio de la entidad, seis hombres y dos mujeres.
El magistrado dispuso la prisión preventiva para Federico Miguel Vázquez Villasanti, presidente; Juan Manuel Gustale, vicepresidente; Julio Daniel Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmüller y Miguel Ángel Almada Frutos.
En tanto, Mariana Isabel Torres Rubiani y Diana Leticia Mongelós González recibieron arresto domiciliario, con monitoreo mediante tobilleras electrónicas, prohibición de cambiar de domicilio y de comunicarse con los demás coimputados. Ambas procesadas también deberán abonar mensualmente Gs. 2.000.000 por el servicio de monitoreo electrónico y acreditar el pago ante el juzgado.
La resolución del juez fue más estricta que el requerimiento del Ministerio Público, que había solicitado prisión preventiva únicamente para el presidente de la entidad y arresto domiciliario para los otros siete imputados.
Al fundamentar su decisión, Estigarribia sostuvo que se cumplen los tres presupuestos establecidos en el artículo 242 del Código Procesal Penal y señaló que existe un peligro de fuga “latente”.
Asimismo, afirmó que “ninguno de ellos podría dar garantía suficiente de someterse al proceso por todas las conductas anteriores”, en referencia a los seis procesados que deberán cumplir prisión preventiva.
El magistrado también ordenó que los seis hombres no compartan el mismo pabellón ni espacio físico dentro de los establecimientos penitenciarios, a fin de evitar comunicaciones entre los coimputados. Inicialmente, serán trasladados al Departamento Judicial de la Policía Nacional y posteriormente derivados a establecimientos penitenciarios, conforme a la disposición del Ministerio de Justicia.
Al término de la audiencia, trabajadores del grupo VMedia protagonizaron un escrache contra los exdirectivos, en reclamo por el incumplimiento de obligaciones laborales. La Policía Nacional desplegó un cordón de seguridad durante la salida de los procesados.
Finalmente, los abogados defensores anunciaron que recurrirán la resolución judicial mediante los recursos correspondientes y cuestionaron las medidas impuestas a sus representados.
