El sector de prestadores de servicios para personas con discapacidad tiene presencia en la movilización realizada en Posadas en el marco de la Marcha Federal Universitaria, con participación de centros, instituciones y profesionales de educación especial. La demanda central se vincula con la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la preocupación por modificaciones normativas en discusión.
En diálogo con La Casa del Streaming, la profesora en educación especial y directora de OWATA, Florencia Eskinazi, explicó el motivo de la presencia del sector en la movilización. “Somos centros categorizados de Misiones que decidimos sumarnos a esta movilización con el pedido por la Ley de Emergencia en Discapacidad”, afirmó.
Reclamos por vigencia de la ley y advertencias sobre el sistema
Eskinazi señaló que la normativa aún no se encuentra en aplicación. “Pedimos que esta ley que se sancionó en 2025 se ponga en vigencia, ya que hasta el día de hoy no está vigente”, indicó, en referencia a la situación actual del marco legal que regula la atención del sector.
La referente advirtió además sobre iniciativas legislativas en debate. “Se siguen presentando decretos como el proyecto de ley de fraudes en personas con discapacidad, la cual es una ley aberrante”, expresó, al plantear preocupación por posibles cambios en el sistema de derechos vigente.
En su análisis, describió el impacto institucional de las modificaciones en discusión. “Es gravísimo porque es un sistema que funcionaba y ahora se quiere descentralizar, desorganizar y disolver”, sostuvo, en relación al funcionamiento actual de las prestaciones y servicios.
Derechos, calidad de vida y marco internacional
Eskinazi también enmarcó la situación dentro de compromisos internacionales asumidos por el país. “La Argentina está dentro de una convención internacional donde surgen derechos constitucionales para las personas con discapacidad”, explicó, al referirse a los estándares de protección vigentes.
La especialista agregó que las modificaciones en discusión podrían afectar la calidad de vida de las personas alcanzadas por el sistema. “Se están vulnerando estos derechos y la posibilidad de mantener una buena calidad de vida con los apoyos necesarios”, señaló.
Finalmente, aclaró la posición del sector frente a los mecanismos de control estatal. “No estamos en contra de que se auditen las pensiones, pero esto debe sostenerse porque es un servicio esencial”, concluyó, en el marco de una jornada de movilización que sumó a múltiples sectores sociales en defensa de derechos vinculados a la discapacidad.
