El control de los recursos públicos y la obligación de rendir cuentas son parte de la agenda del Gobierno de Misiones, en esta ocasión a partir de una reforma propuesta por el gobernador, Hugo Passalacqua, para el Tribunal de Cuentas. La iniciativa, que tomó estado parlamentario durante la última sesión de la Cámara de Representantes, busca precisar qué empresas y estructuras societarias vinculadas al Estado provincial y municipal deben quedar bajo la fiscalización del organismo.
“Los misioneros nos exigen cada día mayor claridad, apertura y transparencia en el uso de los dineros públicos. Está muy bien y así debe ser”, expresó Passalacqua en sus redes sociales al referirse al proyecto que remitió a la Legislatura.
La modificación apunta a incorporar de manera explícita a las empresas del Estado, las sociedades de economía mixta y las sociedades anónimas dependientes de la administración pública dentro del alcance de las auditorías. “Gobernar es también mostrar transparencia”, afirmó el gobernador al explicar el sentido de la medida.
Qué entidades alcanzaría la reforma
El proyecto propone modificar el artículo 2 de la Ley I-N.º 3, anteriormente conocida como Decreto Ley 1214/60, mediante la incorporación de un segundo párrafo. El texto incluye a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y a otras entidades en las que el Estado provincial o municipal tenga mayoría de capital o capacidad predominante para tomar decisiones.
La propuesta tiene como fin establecer con mayor precisión el alcance de las atribuciones del Tribunal de Cuentas sobre esas estructuras empresariales. El organismo tiene a su cargo el control externo de los recursos públicos y la determinación de responsabilidades y sanciones cuando corresponda.
Según los fundamentos del Poder Ejecutivo, la inclusión expresa de estas entidades permitirá reducir las dudas sobre la aplicación de la normativa vigente y establecer reglas más claras para la fiscalización. La reforma no crea un nuevo organismo de control, sino que precisa legalmente las competencias del existente.
El texto establece que, de aprobarse, la modificación comenzaría a regir el 1 de enero de 2027. De acuerdo con los fundamentos oficiales, el plazo responde a necesidades de organización y coordinación para la aplicación del nuevo marco normativo. La iniciativa consta de tres artículos: uno destinado a incorporar la modificación legal, otro que fija la fecha de entrada en vigencia y un tercero de cierre formal.
