Los recortes en la cobertura de medicamentos dispuestos por el Gobierno nacional desde fines de 2024 y profundizados durante 2025 y 2026 afectan a jubilados, afiliados a obras sociales y personas sin cobertura en todo el país. Las medidas incluyen cambios en el PAMI, reducción de programas como Remediar y modificaciones en el vademécum. Genera mayores costos para los pacientes y complica el acceso a tratamientos.
La política de ajuste y reordenamiento del gasto público en salud comenzó a sentirse con fuerza desde fines de 2024. Esto se profundizó a lo largo de 2025. En 2026, lejos de revertirse, el proceso continúa con nuevos cambios que impactan directamente en el acceso a los medicamentos.
Así lo explicó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, Vania Ilchuk en comunicación con Canal Doce. Detalló que la reducción de cobertura “viene desde fines de 2024, se profundizó en 2025 y todavía en 2026 se siguen ajustando algunos productos”.
Uno de los ejes centrales de estas medidas se dio en el PAMI, donde se implementó un reempadronamiento masivo durante 2024 y 2025. El objetivo, del Gobierno nacional, fue ordenar el sistema y garantizar que el beneficio del 100% de cobertura quede focalizado en quienes realmente lo necesitan.
Para acceder a ese beneficio pleno, los jubilados debieron demostrar su situación económica y patrimonial. Se evaluaron ingresos, propiedades, vehículos y la existencia de otras coberturas de salud. Solo quienes cumplían con los requisitos mantuvieron la cobertura total.
“En un primer momento, la mayoría tenía el 100% de cobertura. Después, con el cruce de datos entre organismos como ARCA y ANSES, se volvió a otorgar ese beneficio a quienes cumplían las condiciones”, explicó Ilchuk.
Sin embargo, quienes no completaron el trámite o no encuadraron en los criterios establecidos, perdieron la cobertura total y pasaron a esquemas parciales. En esos casos, los descuentos pueden variar entre el 80% y el 40%, lo que implica un mayor gasto de bolsillo.
Impacto directo a toda la sociedad
Pero el impacto no se limita a los jubilados. La reducción también alcanza a quienes tienen obra social o medicina prepaga. Esto se debe, en parte, a la reclasificación de medicamentos y a los cambios en el vademécum.
Muchos fármacos pasaron a la categoría de venta libre, lo que automáticamente elimina su cobertura por parte de obras sociales y prepagas. Además, otros medicamentos fueron trasladados a listados de “uso poco frecuente” o “esenciales”, con coberturas más bajas.
“Todo lo que pasa a venta libre deja de tener cobertura, no solo en PAMI sino en todas las obras sociales”, advirtió la especialista.
A esto se suma la reducción de programas nacionales como Remediar, que abastece de medicamentos a los centros de atención primaria (CAPS). Según Ilchuk, este programa sufrió una “gran reducción” en la provisión de fármacos. Esto hace que impacte especialmente en quienes dependen exclusivamente del sistema público.
En este escenario, los sectores más vulnerables son los más afectados. Jubilados, pensionados y personas sin cobertura enfrentan mayores dificultades para sostener sus tratamientos.
“El impacto económico es muy fuerte, sobre todo en jubilados, que muchas veces tienen que elegir entre comprar alimentos, pagar servicios o adquirir sus medicamentos”, señaló.
Esta situación genera consecuencias directas en la salud. Si bien muchos pacientes con enfermedades crónicas intentan continuar sus tratamientos, en numerosos casos se ven obligados a interrumpirlos o a reemplazarlos por opciones más económicas.
Como resultado, crece el uso de medicamentos genéricos o de segunda línea, que suelen ser más accesibles, pero no siempre equivalentes en términos de respuesta terapéutica.
Menos adhesión a prepagas y más demanda al sistema público
A su vez, el aumento sostenido de las cuotas de medicina prepaga provocó que muchos usuarios abandonen estos sistemas. Esto incrementa la demanda en el sistema público, que ya se encuentra bajo presión por la reducción de recursos.
“El aumento de las prepagas hizo que mucha gente deje de pagarlas y hoy dependa del sistema público, lo que genera una sobrecarga”, explicó Ilchuk.
El resultado es un escenario en el que convergen múltiples factores: menor cobertura, mayor costo de medicamentos, caída de programas estatales y aumento de la demanda en hospitales y centros de salud.
De este modo, las medidas adoptadas a nivel nacional no solo afectan a quienes no tienen cobertura, sino también a afiliados a obras sociales y prepagas, configurando un impacto transversal en todo el sistema de salud.
En este contexto, desde el sector farmacéutico advierten que la continuidad de los tratamientos y el acceso equitativo a los medicamentos se convierten en uno de los principales desafíos sanitarios, en un escenario económico que sigue tensionando tanto a los pacientes como a las instituciones.
