La decisión de Misiones de recurrir a la Justicia para defender el territorio provincial frente a la derogación de la Ley de Tierras recibió el respaldo de la abogada Florencia Gómez Gallisi, especialista en Derecho Registral e Inmobiliario. La profesional consideró que la provincia tiene legitimidad para plantear la discusión y remarcó que existen herramientas constitucionales para sostener esa defensa.
Gómez Gallisi fue la primera directora del Registro Nacional de Tierras Rurales y una de las principales responsables de poner en funcionamiento la Ley 26.737, sancionada en 2011 para limitar la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Desde esa experiencia, destacó la importancia que tuvo el relevamiento previo a la implementación de la normativa.
En una entrevista con Canal Doce, recordó que Misiones tuvo un rol activo durante ese proceso y que el trabajo realizado permitió conocer por primera vez con precisión la superficie extranjerizada. “Misiones fue una de las provincias que hizo el relevamiento antes de la sanción de la ley”, explicó, al remarcar la importancia de contar con información concreta sobre la propiedad de la tierra.
Para la especialista, ese antecedente adquiere relevancia en el escenario actual. La derogación de la Ley de Tierras, vinculada al DNU 70/2023, volvió a poner en discusión los límites para la adquisición de grandes extensiones rurales por parte de extranjeros.
En ese punto, Gómez Gallisi planteó que la decisión de Misiones de acudir a la Justicia debe analizarse desde las competencias que tienen las provincias sobre sus territorios. “El artículo 124 de la Constitución Nacional establece que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias”, explicó.
A partir de ese principio, sostuvo que existe un fundamento constitucional para que Misiones intervenga en una discusión que no se limita a la propiedad privada. “Hay una legitimidad de las provincias para defender sus recursos”, afirmó, y vinculó esa facultad con la necesidad de preservar áreas consideradas estratégicas.
Tierra, recursos naturales y una política nacional
La abogada consideró que Misiones se encuentra entre las provincias que tienen mayores motivos para plantear esta discusión. Según los datos que mencionó, la superficie extranjerizada en el territorio provincial se ubicaría cerca del 10%, por debajo del límite del 15% que establecía la Ley 26.737.
En ese contexto, cuestionó la eliminación de las restricciones que buscaban evitar la concentración de grandes extensiones de tierra. “¿Con qué excusa derogás una ley que limita la extranjerización?”, planteó.
Su preocupación, explicó, no está vinculada con la nacionalidad de quien compra una propiedad en sí misma, sino con la escala y la ubicación de esas operaciones. “No es lo mismo que venga un extranjero, compre una hectárea y se instale a vivir, a que se compren grandes extensiones de tierra en lugares estratégicos”, diferenció.
Entre esos espacios, mencionó especialmente aquellos relacionados con recursos naturales. “No es lo mismo comprar una propiedad que comprar tierras donde están las nacientes de los ríos o donde hay recursos naturales”, sostuvo.
La especialista también puso el foco en las características ambientales de Misiones y en su importancia como territorio de conservación de biodiversidad. En ese sentido, consideró que la defensa judicial impulsada por la provincia podría tener un alcance que exceda sus propios límites.
“Misiones puede ser una señal para otras provincias que también tienen este problema”, planteó, al referirse a la posibilidad de que el planteo judicial abra una discusión más amplia sobre la regulación de la propiedad rural en el país.
Para Gómez Gallisi, la respuesta no debería quedar exclusivamente en manos de cada jurisdicción. Si bien reconoció que existen iniciativas provinciales destinadas a establecer límites a la extranjerización, sostuvo que la cuestión requiere una mirada integral.
“Esto tiene que estar regulado a nivel nacional”, afirmó, al considerar que la protección de determinadas zonas estratégicas no puede depender únicamente de decisiones aisladas de cada provincia.
La abogada vinculó además la discusión con otros principios establecidos en la Constitución Nacional, entre ellos los derechos de los pueblos indígenas y la protección ambiental. Desde esa perspectiva, sostuvo que la tierra no puede analizarse solamente como un bien sujeto a operaciones comerciales.
“El debate no es solamente económico”, remarcó. Para la especialista, también está en juego la forma en que el país administra sus recursos y define qué territorios deben ser preservados.
En esa línea, Gómez Gallisi planteó que la discusión debe proyectarse hacia el futuro. “Tenemos que pensar qué tierra les vamos a dejar a las próximas generaciones”, sostuvo, al vincular la propiedad territorial con el cuidado ambiental y la disponibilidad futura de los recursos.
Así, la decisión de Misiones de avanzar judicialmente se inscribe, desde su perspectiva, en una discusión más amplia sobre el modelo de ocupación y protección del territorio argentino. “No estamos hablando solamente de quién compra una tierra, sino de qué país queremos y qué territorio queremos preservar”, concluyó.
